Las audiencias tendrán lugar en una reducida sala del edificio judicial ubicado en la calle Rivadavia y por tratarse de un caso "correccional", no habrá tribunal y delante de los imputados solo estará presente la Jueza Federal, Marta Yáñez.
Diversos gremios y asociaciones convocaron a sus afiliados a movilizarse "en repudio al intento de criminalización de la protesta social", y para ello también desde ADOSAC y ATE llamaron a un paro por 48 horas, que se extenderá hasta mañana.
Según se pudo saber, arribarán a esta ciudad dirigentes a nivel nacional, quienes junto a los gremialistas se concentrarán en la plazoleta del Gorosito, para luego marchar hasta el Juzgado Federal.
A efectos de mantener el orden se prevé una fuerte presencia de efectivos de una fuerza de seguridad que no fue precisada.
Los imputados son los docentes Omar Latini (quien también es dirigente del Partido Obrero) y Daniel Gómez (ex Secretario General de ADOSAC), además de Alberto Francés y José Zabala, quienes formaban parte de los padres autoconvocados. Serán defendidos por los abogados Claudia Ferrero y Enrique Papa, indistintamente, en tanto que la lectura de la elevación a juicio la realizará el Secretario del Juzgado, Jorge Fernández.
Según se pudo saber, para las jornadas de hoy y mañana está prevista la declaración de trece testigos, entre vecinos, camioneros y algunos policías, en tanto que los alegatos podrían tener lugar la semana próxima.
Para la abogada Ferrero, "este no es solamente un caso de criminalización de la protesta social, sino que acá se ha ido a perseguir a los referentes de la organización de esa protesta".
Sostuvo que, "la elección de los imputados no es casual, y es un ataque no solamente a la criminalización de la protesta social, sino a las reservas de la organización, tanto gremial, política o autoconvocada de la gente cuando se pone de pie para defender la educación pública y organizarse".
En tanto Papa, abogado de ADOSAC, precisó que, "la acusación que se le hace a los compañeros por el artículo 194 del Código Penal, que es entorpecimiento al Transporte Público, es casualmente el artículo más usado en su momento por la dictadura para reprimir la protesta social". Por ello, adelantó que, "vamos a pedir la absolución de los trabajadores porque protestar no es un delito".

EL HECHO
Cabe recordar que el corte de ruta se produjo a mediado de 2011, en el acceso norte a Caleta Olivia y en el marco de un extenso conflicto docente que se extendió durante 58 días, en el cual argumentaban la necesidad de mejoras salariales y reparación de edificios escolares. Entonces estuvieron acompañados por algunos padres.
Si bien en líneas generales la comunidad presume que pueden llegar a quedar absueltos, tal como ocurrió con los dirigentes de ATE (que fueron juzgados por un Tribunal provincial por similar delito), de ser hallados culpables por la Justicia Federal podrían afrontar una pena que va desde 3 meses a 2 años de prisión.

Fuente: elpatagonico.com