El paquete de leyes cuyo tratamiento serio amerita sea instado sin más,  genera en la órbita estatal y social un claro apartamiento de los Derechos y Garantías constitucionales. Más allá de los derechos conculcados con el dictado de dichas normas, hoy, además, la paralización que estamos viviendo  del Estado Provincial y Legislativo se ve materializada en cuestiones básicas como son la cobertura de la Salud Pública, la Educación, el bienestar familiar, el derecho a trabajar y el derecho a reclamar.

La omisión de una respuesta Institucional ocasiona la transgresión de los art. 14 y 14 bis de la Constitución Nacional a saber: “(…) el derecho de peticionar y obtener una respuesta de nuestros representantes. Protección del trabajo  al despido arbitrario, estabilidad del empleo público, organización sindical libre reconocida con la simple inscripción en un registro especial, garantías en los representantes gremiales para el cumplimiento de su gestión sindical (…)”.

Pero principalmente el art 14 bis que al final establece “El estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia (…)”.

El posicionamiento del Estado Provincial frente a este conflicto generado a partir de la sanción de dichas normas, es AUSENTE. Insta a acciones políticas tendientes a desconocer esos derechos constitucionalmente reconocidos, sosteniendo a causa de ello  una lucha sindical  que hoy lleva 53 días sin resolución visible. Sosteniendo también, normas que a las claras violentan el sistema previsional, el sistema de salud, adhiriendo a normas nacionales en desprotección de los afiliados y obligándolos a un canon aun cuando para ello se basan en un sistema de emergencias inexistente comprobado. Ello con solo observar los diferentes actos administrativos que vulneran la norma al excepcionar pagos del aporte solidario; disponer como solución la novación de la deuda generada por el propio Estado; y la creación de un Fideicomiso con un claro fin de gestionar el accionar político. Se mantiene, además, el estado de Intervención del Instituto Jubilatorio aun cuando claramente se establece que este debe ser administrado por los interesados. Como agravante, el Gobierno desconoce la representatividad gremial de varios de los actores que forman la Unión de Gremios, olvidando el principio de libertad sindical, y representación de los sectores abarcados.

Se suma, asimismo, el fuerte impacto social de las normas incorporadas en el código fiscal y el aumento generalizado de precios en la Provincia, que conllevan junto a la instalación de dificultades en el sector industrial, una clara afectación al derecho básico que contamos como sociedad y que afecta principalmente al bienestar familiar.

Por eso solicitamos, instamos, suplicamos a la Sra. Gobernadora y a los Legisladores que convoquen sin más a una mesa de diálogo sincero a fin de poner un coto a este silencio y ausencia de dialogo en torno al reclamo justo que como entidad gremial con representatividad del sector profesional llevamos adelante en procura de defender lo más innato al sector trabajador, como es su fuente laboral, su sistema de seguridad social, que como el nombre lo indica debe brindar confianza y certidumbre en el último estado de la vida de los seres humanos.

Prensa ASPUE

Fuente: gremialesdelsur.com.ar