El Senado dio media sanción al proyecto de ley de emergencia ocupacional que prohíbe despidos y fija la doble indemnización por 180 días. La aprobación resultó con 49 votos a favor y 16 en contra.

Pese a que el presidente Mauricio Macri emitió indicios de un posible veto a la ley, la oposición logró avanzar en la Cámara alta con la propuesta que buscar paliar los despidos y las suspensiones “sin justa causa”, tanto en el sector público como en el privado, en todo el país.

Asimismo, establece la doble indemnización y plantea que si se despiden a trabajadores en los 180 días establecidos, éstos “podrán optar por accionar judicialmente por su reinstalación en el puesto de trabajo con más el pago de los salarios de tramitación hasta su efectiva reincorporación”.

Los senadores Rodolfo Urtubey, Roberto Basualdo, Miriam Boyadjian, Alfredo Luenzo y Eduardo Aguilar propusieron modificar el texto original y exceptuar a las pequeñas y medianas empresas, en consideración del perjuicio que podría ocasionar los pagos de doble indemnizaciones a estas empresas, pero su pedido no fue aceptado a la hora de la votación.

La iniciativa aprobada fue girada para su discusión en Diputados, donde la oposición también pide la prohibición de despidos y la doble indemnización, pero con un proyecto más “ambicioso” que busca que la emergencia se declare hasta el 31 de diciembre de 2017 y, aún más, que se reincorporen a los despedidos desde el 1 de marzo.

El debate

Al comienzo de la sesión, el senador Daniel Lovera (Peronismo Pampeano) sostuvo que el objetivo del proyecto de emergencia ocupacional por 180 días “es tan claro como contundente”.

“Queremos preservar los empleos durante un tiempo limitado, esperando que cambien las condiciones socioeconómicos del país”, agregó el miembro informante.

Luego, Juan País (FpV-PJ) afirmó: “estamos hablando de un derecho humano”. Cuestionó las “cifras aisladas” sobre el desempleo y resaltó que en la sociedad hay “inseguridad de perder el empleo”.

Y subrayó que “se ha despedido a trabajadores del Estado con violencia y maltrato, sin justa causa, incluso personas discapacitadas”.

María Magdalena Odarda (Frente Progresista CC-ARI) aseguró que nacerá “un derecho” con la aprobación de la ley y pidió terminar con “la indiferencia”. La senadora expuso su dictamen de minoría –que propone la retroactividad al 1º de enero- y leyó cifras de desempleo y la cantidad de despidos en organismos públicos.

No obstante, adelantó su voto positivo por la iniciativa porque “lo están pidiendo todas las centrales obreras del país”. “Ajustamos al más débil y por otro lado le reglamos millones y millones a las empresas mineras”, reclamó.

El presidente provisional de la Cámara alta, Federico Pinedo, bajó desde el estrado hasta su banca y desde allí aseguró que es necesario “preocuparse por crear puestos de trabajo”.

El senador de Cambiemos sostuvo que lo “fundamental” es “generar empleo” y “la mayor cantidad posible”. Además, criticó que la iniciativa contempla un “universo acotado”, porque “no se preocupa por el trabajo en negro ni la situación de las pequeñas empresas”.

Por su parte, Guillermo Pereyra (MPN) confesó: “yo le creo al Gobierno que vamos a salir y se van a crear condiciones de trabajo”, pero remarcó que el proyecto es para “acompañar” al Ejecutivo y “no poner trabas”.

Pedro Guastavino (FpV-PJ) denunció que “el oficialismo quiere esconder la ola de despidos” y apuntó que desde el gobierno “siguen considerando el trabajo como una mercancía”.

Desde Cambiemos, la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) consideró que “no se está buscando con este proyecto realmente resolver la situación que a todos nos preocupa y nadie la niega”. Y destacó que la emergencia ocupacional “ya viene declarada desde hace 12 años”.

A su turno, Liliana Fellner se refirió a la precarización laboral de los jóvenes y dijo que la ley es “para dar tranquilidad” y “proteger” a los trabajadores.

Sin embargo, su compañero de bloque Rodolfo Urtubey pidió que en la iniciativa se agregue un artículo que excluya a las pequeñas y medianas empresas. En el mismo sentido se manifestó su par Roberto Basualdo.

Juan Romero calificó como “poco práctica” a la propuesta y opinó que “hay que luchar para que haya productividad”. También alertó que “para una PyME un juicio laboral perdido la lleva a la quiebra”, por lo que adelantó su voto negativo en caso de no aceptarse la modificación en el texto para excluir a las empresas medianas y pequeñas.

Para Ruperto Godoy (FpV-PJ), la iniciativa “no deja de ser un paliativo” y es “un instrumento doloroso”. Y confesó que “después de la crisis del 2001” pensó que “nunca más” se iban a debatir leyes de este tipo.

Como representante del massismo en la Cámara alta, la senadora Miriam Boyadjian advirtió que “este proyecto va a generar gravísimos problemas, sobre todo a las PyMES que no van a poder pagar una doble indemnización”. “No podemos castigar a todo el mundo de una sola manera”, manifestó.

El radical Luis Naidenoff coincidió con su par Elías de Pérez sobre la emergencia ocupacional que rige hasta 2017 y cuestionó no haber convocado al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, a exponer en el Senado.

Planteó además que hay “un estancamiento del empleo desde 2008” y que los senadores que hoy por hoy son oposición “antes se guardaron al silencio”. “Este proyecto tiene mucho de hipocresía”, disparó.

A la respuesta le salió Eduardo Aguilar, quien sostuvo: “no creo que tratar de defender el empleo sea hipócrita e irresponsable”. Por otro lado, precisó que “los inversores también miran los efectos sobre la rentabilidad de la caída del consumo”.

Por otro lado, Liliana Negre de Alonso (Compromiso Federal) subrayó que “no es verdad que está vigente la emergencia ocupacional”, ya que Néstor Kirchner la derogó a través del Decreto 1.222, en 2007. “Si Lavagna lo desconoce es porque se fue en 2006 y se ve que está muy mal informado de lo que ocurre en Argentina”, le lanzó a Elías de Pérez, quien había mencionado al exministro de Economía.

La oficialista Laura Machado señaló que el proyecto es “un instrumento no válido”. “Cambiemos propone promover antes que prohibir, por eso la gente votó este cambio”, declaró.

En tanto, la kirchnerista Virginia García reclamó: “la crisis la generaron ustedes cuando a partir del 9 de diciembre a las 23:59 comenzaron a despedir gente”. “Conocen los miles y miles de despidos que hubo en esta Casa”, continuó.

Y defendió a la gestión anterior al decir que no se aumentaba el seguro de empleo “porque generábamos el empleo”. “Cuando el Estado despide se produce un efecto contagio en el sector privado”, resaltó y, por otra parte, le pidió al Ejecutivo que “garantice la gobernabilidad” en Santa Cruz y atienda a “nuestros pedidos de asistencia financiera”.

Fernando “Pino” Solanas aclaró que “ni la crisis es de hoy, ni se ha acertado en el pasado a tomar algunas ideas con coraje”. “No se puede salir de la crisis si no se toman medidas estratégicas”, enfatizó el senador de Proyecto Sur y pidió empezar a “vivir con lo nuestro y no vivir de prestado”.

Al momento de los cierres, Aldolfo Rodríguez Saá dijo que “esta ley contribuye a que paremos un problema”, mientras se espera que “en seis meses el país tenga una reactivación que nos permita levantar”.

El presidente del bloque del FpV-PJ, Miguel Ángel Pichetto, aseguró que el Senado “no se va a alejar de los trabajadores” y aclaró que la votación a favor del proyecto se debía a una “decisión política” en “solidaridad” con el pedido de las centrales obreras.

Por último, el radical Ángel Rozas consideró que hubiera sido “bueno” recibir al ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, para que aporte números y cifras con fuentes del Ministerio.

En este sentido, informó que “en el primer trimestre de 2016 el empleo privado formal no presentó variación respecto al último trimestre del 2015”.

“No creemos que el camino que propone el Frente para la Victoria sea lo más apropiado”, resaltó y planteó que “hubiera sido bueno tener las informaciones correctas”.

Fuente: parlamentario.com