La elaboración de este documento fue una de las acciones propuestas en la asamblea del pasado sábado 11 y su contenido ha sido consensuado con diversas organizaciones que representan a las Personas con Discapacidad (PCD).

Se ha entregado una copia a cada bloque Legislativo junto con una nota solicitando reunión urgente para explicar las graves consecuencias que traería la aprobación del proyecto impulsado por el Vicegobernador Arcando y el Ministro Gorbacz.

A continuación transcribimos el informe

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY INSTITUYENDO EL PROGRAMA ESPECIAL DE COMPLEMENTO SOCIAL PROVINCIAL PARA BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA POR INVALIDEZ

De la lectura del proyecto remitido a la Legislatura por el Vicegobernador Arcando y el Ministro Gorbacz y sus considerandos, se desprenden graves errores conceptuales que podrían deberse a desconocimiento en la temática o a una intención maliciosa para perjudicar a las personas con discapacidad en pos de un criterio puramente economicista.

Así por ejemplo, se apela a la cita de una declaración muy prestigiosa dentro del sector que defiende los derechos de las PCD como es la Convención Internacional de los Derechos de las PCD para intentar imponer una ley que lejos de beneficiarlas, las perjudicaría notablemente conculcando derechos ya adquiridos.

Las medidas que ha ido adoptando el Estado Provincial no están en consonancia con la normativa citada; la resolución MJG 286/16 citada versa sobre la necesidad de implementar apoyos necesarios en lugar de requerir la curatela para tramitar las pensiones de discapacidad, cabe destacar que en la Ley N°389 y sus modificatorias no se planteaba este requerimiento. En cambio, las resoluciones MJG N°65/16 y N° 93/16 y la Resolución N° 03 de la Secretaría de Coordinación de Políticas para las PCD, sí son contrarias a los establecido por la Convención Internacional de los Derechos de las PCD y aún de la Constitución Nacional ya que restringen por ejemplo derechos humanos como el libre tránsito dentro del país para aquellas personas que cuenten con pensiones RUPE.

También se debe señalar que actualmente el monto de las pensiones RUPE no equivale al sueldo bruto de la Categoría 10 PAyT, tal como lo establece la ley de RUPE. En ese sentido se han realizado varias presentaciones judiciales para que se cumpla efectivamente con la ley.

Es llamativa la desfachatez con la que el Vicegobernador reconoce que se requieren políticas para lograr la inclusión laboral, educativa, acceso a servicios de rehabilitación de calidad, accesibilidad edilicia, etc. ¿Realmente quieren hacernos creer que estas falencias graves y la ausencia del Estado se solucionarían recortando aún más el presupuesto para las pensiones?

Omiten decir que hay otras leyes que establecen la manera en que el Estado podría hacerse de mayores recursos económicos para destinar a políticas para las PCD. Léase ley de cheques N° 25.730, Fondo de la Soja, programas de CONADIS, etc.

Intentan ocultar el impacto que la quita de pensiones RUPE provocaría en el sector argumentando que se alcanzaría el mismo ingreso monetario. Un análisis más profundo refleja que de aprobarse esta ley el Estado provincial dejaría de cumplir con una de sus obligaciones que se contradice con los dichos de este gobierno: la protección integral de cada ciudadano.

En cambio pretenden que Nación sea la única responsable de otorgar pensiones; los requisitos para acceder a las Pensiones No Contributivas por Invalidez son sensiblemente más restrictivos que los que se solicitan para tramitar la RUPE lo que implica un achicamiento del universo de los posibles destinatarios de las mismas. Además la entrega de pensiones nacionales en Tierra del Fuego está supeditada al presupuesto que se otorga a cada provincia por cantidad de habitantes el cual se encuentra cerca de ser cubierto con las pensiones existentes en la actualidad.

Párrafo aparte merece el análisis de la implicancia que tendría que la cobertura de salud pasara  a ser exclusivamente por parte del Programa Incluir Salud. Cabe destacar que Incluir Salud (ex profe) no es una obra social sino un programa supeditado a partidas presupuestarias y con serias limitaciones a la hora de atender las necesidades sanitarias de las PCD. No nos detendremos en ejemplificar las dificultades que atraviesan los pensionados a raíz de lo deficitario de este programa; basta con mirar las noticias que diariamente se publican en los medios y en las redes. Teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra nuestro sistema de salud, la fuga de profesionales y el estado de nuestros hospitales; las consecuencias para las PCD de nuestra provincia serían aún más nefastas.

En materia de pensiones provinciales, desde la aprobación de la ley N° 389 en 1997 el régimen de pensiones ha sufrido sucesivas modificaciones; cada una de ellas ha sido una nueva conquista de derechos. Así por ejemplo se ha aumentado paulatinamente el monto de las pensiones, se ha conquistado el pago del aguinaldo, se ha establecido al IPAUSS como la obra social de los pensionados, etc. Este proyecto de ley pretende retroceder en cada una de los derechos adquiridos hasta el momento.

Por supuesto que la ley de RUPE es perfectible, por eso, hemos participado del debate en la mesa técnica y de la Comisión N° 5 del cual surgieron dos proyectos de ley y un documento con aportes elaborado por las distintas organizaciones, instituciones educativas que atienden la temática de la discapacidad.

Secretaría de Discapacidad. CTA Autónoma TDF

Fuente: gremialesdelsur.com.ar