Por Radio Universidad 93.5 se la consultó en primer término sobre declaraciones anteriores vinculadas con la renuncia de la provincia a cobrar miles de millones de pesos que adeuda la Nación, por la retención indebida del 15% de coparticipación, juicio desistido por el pacto fiscal.

“Nosotros realizamos varios pedidos de información al Ministerio de Economía, solicitando que nos digan cuál era la estimación de las acreencias de la provincia por la detracción del 15% de coparticipación y no obtuvimos respuesta. Hicimos la nota pidiendo lo mismo al Fiscal de Estado y, aunque parezca mentira, nos contestó que desconocía el monto de la acreencia y que debíamos preguntárselo al Ministerio de Economía, por lo cual volvimos a pedirle esta información al Ministro de Economía, y obviamente no la obtuvimos”, dijo.

“Lo más grave es lo del Fiscal de Estado, porque es quien tuvo que iniciar la demanda, y me contesta por nota que no tiene una cuantificación de las acreencias ni tiene idea a cuánto se renunció, ni cuánto sería la compensación, porque también se lo preguntamos. La respuesta por escrito fue que le preguntemos al Ministro de Economía”, aseguró la funcionaria.

“Con la escasa información que tenemos y, sin contar con todos los ítems que integran la coparticipación ni una actualización de los importes, sacamos una estimación y efectivamente nos quedamos bastante cortos, porque si bien no pudimos obtener información fehaciente del Fiscal de Estado ni del Ministro de Economía, a quien tuvimos que intimar en el marco de la ley de acceso a la información pública, accedimos al presupuesto que presentó el gobierno de la provincia para el 2018”, expresó Dietrich.

Esta negativa a informar podría tener derivaciones judiciales, dado que “lamentablemente le tuvimos que recordar al Ministro que, como funcionario público, está obligado a dar cumplimiento a la ley de acceso a la información pública, por lo cual le guste o no le guste, tiene diez días para contestar, para pedir prórroga o decirme que no va a contestar”.

Igualmente “esa información la sabemos porque la cuenta el presidente de la caja Rubén Bahntje”, en su paso por la comisión de presupuesto, quien “además está nombrado como colaborador en el gabinete económico, por lo cual estuvo trabajando todos estos días, antes, durante y después de que se firmó el pacto fiscal, que también involucra las acreencias de la caja”.

Precisó que “en este presupuesto el gobierno estimó en 3.200 millones de pesos las acreencias de la provincia con la Nación por este período. Por lo tanto, la señora gobernadora ha renunciado en nombre de todos los habitantes de la provincia a esta cifra de 3.200 millones. No reclamamos a la Nación lo que nos deben, pero la Legislatura le aprueba un préstamo de 900 millones para poder pagar los sueldos y aguinaldos. O sea, le pedimos prestado a quien nos debe”, remarcó.

Dietrich trabajó en el Tribunal de Cuentas durante años hasta jubilarse, por lo que conoce el mecanismo interno y las normas que prohíben tomar deuda para gastos corrientes, como ocurrió en la última sesión legislativa. “Eso mismo ha quedado reflejado en los votos negativos de varios legisladores, que dejaron plasmada esta situación, pero como ciudadana esperaba que esos legisladores que en el recinto, con conocimiento de causa, votan en forma contraria porque entienden que se viola la Constitución, hubieran hecho la presentación judicial que corresponde. Les cabría a estos legisladores que votaron en contra pero no accionaron judicialmente como es su obligación, un incumplimiento de su deber”, advirtió.

Si bien la legisladora Urquiza dijo que analizan realizar una presentación por la aprobación de este endeudamiento, Dietrich señaló que todavía no se conoce “que esa presentación judicial se haya realizado. Tampoco he visto que el Tribunal de Cuentas se haya expedido respecto de esto, cuando tiene competencia para hacerlo”.

El “circo” de Blanco

La directora fue crítica de la actitud del legislador Pablo Blanco, como presidente de la comisión de presupuesto, a quien acusó de alentar el enfrentamiento que se vio entre el Tribunal de Cuentas y el presidente de la caja de previsión.

Reconoció haber escuchado rumores de renuncia del vocal Julio Del Val y dijo que estuvo presente el pasado 29 de noviembre, “cuando de una manera irresponsable el legislador Blanco pretendió hacer una especie de riña entre las autoridades de la caja y el Tribunal de Cuentas, porque había criterios distintos. Abrió el debate planteando que la caja dice que la culpa la tiene el Tribunal y que el Tribunal dice que la culpa la tiene la caja. Esto generó una situación muy desagradable. Si la idea es encontrar puntos de coincidencia y resolver un conflicto, esto no se hace tipo circo, como lo hizo el legislador Blanco, ante muchísimo público y de una manera muy desagradable y desorganizada. Fue lamentable la intervención del Tribunal en esa reunión y no resolvieron nada. Lo único que se logró fue acrecentar las diferencias y generar más conflicto entre dos instituciones. La caja necesita del asesoramiento que puede dar el Tribunal de Cuentas si está haciendo las cosas mal o no respeta las normas, pero la reunión no se desarrolló en estos términos y para mí estas diferencias se generaron por un manejo muy desubicado de parte de Pablo Blanco. Nada tenía que ver en esa reunión una pelea entre dos instituciones, cuando se iba a hablar del presupuesto”, opinó.

Más endeudados que nunca

Dietrich manifestó que con la aprobación del endeudamiento de 900 millones, para refinanciar anticipos ya tomados, “nosotros estamos gastando a cuenta, estamos gastando como dos meses adelantados de lo que correspondería que ingrese de coparticipación. A eso hay que sumarle el endeudamiento en dólares, más el endeudamiento con ANSES, más otro anticipo de fondos y el compromiso que hay con las regalías petroleras, más la renuncia a los 3.200 millones de acreencias”.

“Más allá del tiempo que llevara la demanda judicial para comenzar a recibir este dinero, era una cuenta a cobrar de parte de la provincia hacia la nación, pero se renuncia y además se modifica el sistema tributario de la provincia, que reduce ingresos”, observó de los términos del pacto fiscal.

“Esta es la gestión que más se ha endeudado, más que Estabillo que contrajo mucha deuda pero no llegó a este nivel, no porque no quisiera sino porque no se la aprobaron en la Legislatura. No alcanzó a tomar el endeudamiento de Bertone y sin embargo no se escuchan alertas en ningún lado sobre lo que está pasando”, cuestionó.

“El préstamo que se tomó en dólares todavía no tiene una afectación y no vemos qué obras se están llevando a cabo con ese dinero, más allá de los discursos grandilocuentes, porque no hay un plan de obra pública que solucione la vida de los fueguinos, pero mientras tanto se están pagando los intereses y las cuotas. Con la deuda de 208 millones que está previsto pagar en la ley de emergencia del IPAUSS, ni siquiera iniciaron el trámite para la emisión de bonos y saldar esa deuda. Con la cantidad de deuda que ha contraído la provincia tendría que hacer una ingeniería muy particular para justificar un nuevo endeudamiento por 208 millones de dólares”, indicó.

El paquete por venir

Yendo a lo que les depara a todos los fueguinos el cierre del 2017, Dietrich adelantó algunas de las reformas que vendrán y se aprobarían antes del 31 de diciembre. Entre ellas se cuenta la modificación de la ley 1068 -de emergencia previsional- “para eliminar a partir del 31 de diciembre el aporte solidario, pero crean un aporte nuevo y proponen que sea del 15% para todos los empleados públicos que cobren más de la gobernadora, de los tres poderes del estado; también hay un aporte extraordinario para los que se jubilaron con menos de diez años de aporte a la caja”, dijo.

Agregó que se modificarán algunas herramientas de financiamiento para la caja, como el 70% de la devolución de la detracción del 15% de coparticipación por parte de ANSES. “Se había acordado con ANSES la devolución de tres puntos por año, y los tres puntos de 2018 es una cifra que supera los 700 millones de pesos, de los cuales el 70% debería ingresar a la caja. Este dinero no ingresó y por este motivo estamos analizando realizar una presentación judicial, porque se ha incumplido esta norma. Con la modificación, en lugar de ser el 70% sería el 100%, pero no queda claro de qué año, ni si se van a incorporar los dos años atrasados que no se pagó más lo que correspondería para 2018. Pero ese 100% va a ser destinado para que los Ejecutivos que firmaron el acuerdo financien sus deudas con la caja. Otra vez volvemos a lo mismo: en lugar de ser un recurso que permita fortalecer la caja, hacen un cambio de figuritas para financiar los déficits previsionales de los deudores”, aseveró.

Apuntó que fue “uno de los motivos por los que firmó Vuoto el pacto fiscal, porque tiene 103 millones de déficit previsional calculado para el 2017, y serían cubiertos por este fondo. El gobierno no tiene déficit porque tiene áreas como educación que terminan cubriendo el déficit de otros, y el Municipio de Río Grande está alrededor de los 62 ó 63 millones”, dijo, todavía sin adherir.

Dietrich cargó contra la “pérdida del estado de derecho” en la provincia, y avizoró que podría haber una reacción judicial si se avanza con el descuento del 15% a todos los que ganan más que la gobernadora, porque comprende a los jueces y varios empleados jerárquicos. “Hay un silencio absoluto de parte del Poder Judicial y la provincia ha perdido el estado de derecho en muchos aspectos. Nosotros hicimos planteos de inconstitucionalidad por el aporte solidario, el congelamiento de la movilidad, las modificaciones jubilatorias, y pasaron dos años sin que haya ningún dictamen. Pero si sale la quita de haberes del 15% a los funcionarios de los tres poderes que ganen más que la gobernadora, incluido el judicial, cuando les toquen el bolsillo a los jueces seguramente vamos a tener una sentencia rápida. No solamente están los jueces sino sus empleados y ya tres ex jueces denunciaron la determinación del cálculo del haber”, recordó.

“Hoy estamos a merced de 15 votos en la Legislatura”, lamentó Dietrich, y agregó más cambios al paquete: “La sanción del presupuesto 2018 viene atada a todo un paquete donde tienen que modificar la ley 1068, también la ley 1076, porque la gobernadora en el acuerdo con los intendentes dijo que, para que los jubilados de la provincia tengan derecho a que se les calcule el haber con el 82% móvil, tienen que tener 25 años de aporte efectivo a la caja. Así hay un montón de cuestiones, como el sistema de prorrata, que analiza la historia laboral de cada trabajador y, si trabajó diez años en el ANSES y quince años en la provincia, la provincia va a liquidar un haber por los quince años aportados acá, y el ANSES le tendrá que liquidar por los diez años que aportó en otro lado. Entre los dos se establece la prorrata del haber inicial. Son cuestiones que están planteadas y se plasmarían en el texto de una ley”, anticipó.

“Tenemos que estar muy atentos para que no nos vuelvan a sacar un paquete de leyes como sacaron el 8 y 9 de enero. Este año va a ser antes del 31, porque el límite temporal que exige la nación vence el 31 de diciembre. El 15 de diciembre era la última sesión ordinaria, pero se levantó esa fecha y va a depender de cuándo terminen de acordar el paquete de leyes, que además prevé la modificación de la ley de ministerios y la fusión de organismos, que también va a generar mucha gente puesta en disponibilidad, porque van a ser organismos, secretarías y subsecretarías que se van a fusionar. Esto viene atado a los retiros voluntarios que pretende imponer nación y las pre-jubilaciones, que son jubilaciones anticipadas que perjudican los recursos de la caja. Tanto el retiro voluntario como las jubilaciones anticipadas van a venir en el marco de los fondos que disponga el Gobierno nacional”, concluyó.

Fuente: p23.com.ar