El proyecto de ley de presupuesto 2017 enviado al Congreso de la Nación por el Ministerio de Hacienda prevé para el Servicio Nacional de Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria recursos por 6192 millones de pesos y gastos por 3746 millones. Es decir, un ajuste de 2446 millones. Hay una reducción nominal respecto de la partida vigente para 2016 que, en términos reales, alcanza el 50%, denuncian los trabajadores.   Históricamente, SENASA se financió con aportes del Tesoro Nacional y recursos propios provenientes de tasas, aranceles y un porcentaje sobre las importaciones. Ahora el gobierno pretende eximir al Tesoro de su contribución tradicional y robustecerlo con la transferencia del ahorro de 2446 millones. Los trabajadores denuncian que, de esta manera, el SENASA no dispondrá de capacidad operativa para hacer frente al control de las exportaciones agropecuarias que, el año próximo, tendrán un fuerte aumento. Y que la seguridad fitozoosanitaria estará en grave peligro, como así también el combate al resurgimiento de las enfermedades de aftosa y HLB. "El gobierno observa un crecimiento de las exportaciones sin prever la necesidad de proteger a la población y la capacidad exportadora de esos dos flagelos. Existe un punto de inflexión. El futuro del SENASA, su presupuesto real, el cese de la precarización laboral y de las pésimas condiciones de trabajo, dependerán de la fuerza gremial de los 6800 empleados", sostuvo Jorge Ravetti, delegado general de SENASA en Ezeiza. En este sentido, el dirigente aseguró que el organismo tampoco podrá resolver la precariedad laboral del personal ni hacer frente a las reestructuraciones edilicias que garanticen salubridad. Pusieron por caso la apremiante barrera sanitaria estratégica ubicada en el límite de Tucumán, Santiago del Estero y Salta. Los veterinarios y paratécnicos de sanidad animal autogestionados, asimismo, se verán desprovistos de viáticos y recursos para hacer muestras en el campo. ATE exigió a su vez el pase al artículo 9 de los contratados Argeninta (monotributistas) -incluidos los que están bajo programa HLB, Fucosa, Picudo Algodonero, Lobesia botrana, Afinoa, Mosca de fruto, Procem y Copresame, entre otros-; la efectivización de los concursos de 2014; el cese de la automatización (certificación electrónica), que implica el despido y la ausencia de control sobre los productores; del intento de derogar el decreto 4238 que legisla de forma particular al organismo y el rechazo a la privatización de funciones del Estado.

Prensa ATE

Fuente: gremialesdelsur.com.ar