Las recientes idas y vueltas en torno al tema Malvinas, una vez más, ponen en primer plano la necesidad de contar con estrategias responsables, consensuadas y continuadas como políticas de Estado, que contribuyan a defender y concretar los intereses nacionales. Los comentarios periodísticos del Presidente Macri sobre un cruce de frases informales con la Primera Ministra británica Theresa May, las desmentidas de la Cancillería del Reino Unido y las “aclaraciones” de la Ministra Susana Malcorra enmendando los dichos presidenciales, podrían pasar como habituales escenas de sainete político, si no se tratase de una cuestión tan sensible como lo es la soberanía argentina en el Atlántico Sur; sobre todo, si las relacionamos con la “Declaración Conjunta” firmada el 13 de septiembre por los vicecancilleres argentino, Carlos Foradori, y británico, Alan Duncan.

En mi modesto entender, es necesario reflexionar y actuar seriamente, lejos de la superficialidad que supone, por un lado, simular que “acá no ha pasado nada” y, por el otro, sermonear sobre “otro papelón” como si fuese un mero desplante farandulesco. Hay demasiado en juego para actitudes banales de ese tipo.

Hay varios aspectos que ciñen a cualquier gobierno argentino en este tema. Existe un mandato de nuestra Constitución Nacional, tal como lo señala la primera disposición transitoria del texto vigente desde 1994, que establece como un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino la recuperación y pleno ejercicio de nuestra soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, “respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional”. Esa cláusula constitucional es la expresión jurídica de un mandato histórico que surge con la Nación misma.

De ello dan cuenta la toma de posesión realizada en 1820 por la fragata Heroína y el poblamiento permanente de las islas iniciado por Luis Vernet y mantenido pacíficamente hasta los actos de agresión y usurpación británica de 1833. Desde entonces, todos los gobiernos argentinos, cualquiera fuese su naturaleza institucional o signo político, han sostenido el reclamo de nuestra soberanía, que constituye una genuina política de Estado, acaso la única que la Argentina ha continuado a lo largo de casi 200 años.

A esos mandatos, histórico, constitucional y como política de Estado, cabe agregar el mandato moral o espiritual que surge de la sangre derramada por quienes cayeron en defensa de ese reclamo.

Está claro, sin embargo, que no siempre nuestros gobiernos han actuado con estrategias adecuadas para avanzar en el logro de ese objetivo. Aquí es necesario reivindicar la iniciada por el gobierno radical del doctor Illia, su canciller Zavala Ortiz y el representante argentino José María Ruda, que en 1965 lograron que el organismo internacional aprobara la Resolución 2065, instando a la Argentina y al Reino Unido a buscar una solución negociada al litigio sobre soberanía. Desde entonces, ha sido la base del planteo de nuestro país para que se aborde esa negociación. Y hay que recordar que por una década se lograron avances en ese sentido, con el establecimiento de vuelos regulares entre el continente y las islas, a cargo de Aerolíneas Argentinas, la instalación de una oficina de correos en el territorio insular y una serie de medidas que llevaron a que en 1974 el gobierno británico propusiese un sistema de condominio como paso previo al reconocimiento pleno de nuestra soberanía, planteo que el general Perón se mostraba dispuesto a aceptar, y que su fallecimiento y las vicisitudes que atravesamos a partir de entonces impidieron acordar y poner en práctica.

Aunque la actitud adoptada por la última dictadura militar terminó en las antípodas de esos logros, incluso poco antes de la guerra de 1982 no estaba descartado seguir avanzando por esa vía. Recientemente he tenido oportunidad de leer el libro Confidencias diplomáticas, escrito por Carlos Ortiz de Rozas, quien fuera representante argentino en la ONU y embajador en Londres. El experimentado diplomático claramente relata en ese libro el plan del ministro adjunto de la cancillería británica de entonces, Nicholas Ridley, que incluía el reconocimiento de nuestra soberanía y un sistema de lease-back o “retroarriendo” por un período de transición a convenir, de entre unos 20 y 40 años, para la devolución plena de las islas. En el debate de esa propuesta, los legisladores británicos dejaron en claro que debían tomarse en cuenta los “intereses” pero que no estaba sujeta al “deseo” de los habitantes de las islas, sino a la decisión de su Parlamento, que era para ellos el “factor supremo” (paramount, en inglés). Como sabemos, los intereses de quienes monopolizaban la economía isleña y la soberbia incompetencia de la dictadura abortaron esa posibilidad.

Desde entonces, la posición británica se ha abroquelado en no incluir en las negociaciones bilaterales el tema de la soberanía. Y la de nuestros sucesivos gobiernos, insistiendo en la Resolución 2065 y otras aprobadas por las Naciones Unidas, ha alternado entre estrategias de endurecimiento y de acercamiento: el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, negándose a firmar cualquier acuerdo que restableciese relaciones con el Reino Unido que no pasase por el reinicio de negociaciones por la soberanía argentina en el Atlántico Sur; el de Carlos Menem, a partir de la Declaración Conjunta firmada en Madrid el 19 de octubre de 1989, poniendo la cuestión bajo un “paraguas”, es decir, sin tratarla; los de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, limitándose a adoptar medidas que elevasen el costo de la ocupación británica, como forma de presión. Lo cierto es que ninguna de esas estrategias ha mejorado la situación a favor de nuestros intereses, y que hoy una base de una potencia de la OTAN, con capacidad de operar fuerzas no convencionales, está instalada en nuestro territorio insular; que los recursos estratégicos de nuestra plataforma marítima son sujetos a prospecciones con vistas a su extracción por empresas multinacionales y que en sus aguas operan barcos que explotan y depredan nuestras pesquerías.

Desde ya que esta situación no se resolverá con discursos y “declaraciones de intenciones”; ni con proclamas altisonantes, como las que han vuelto a circular en estos días, pero tampoco con las orientaciones que se traslucen en la Declaración Conjunta firmada el 13 de septiembre pasado. Aunque no se lo reconozca explícitamente, está claro que se está volviendo a la política del “paraguas”, como surge de la mención a la Declaración de Madrid de 1999 y, lo que es más grave, por la intención manifestada de facilitar (“remover obstáculos”, como dice eufemísticamente) la explotación de nuestros recursos por los británicos.

Los logros que tuvo la diplomacia argentina desde 1965 claramente se basaron en una política de acercamiento que fue capaz de negociar redes de intereses mutuos suficientemente densos, en los que Malvinas era un punto en la negociación.

No hay que olvidar que actualmente la política británica busca en América del Sur un lugar para canalizar negocios e inversiones, ya que su salida de la Unión Europea la debilita y aísla, al tiempo que pierde influencia en otras regiones del mundo como África o los países árabes. Y sin entrar a valorar los aspectos negativos y positivos de esa relación, lo cierto es que por historia, vínculos económicos y hasta relaciones culturales, Gran Bretaña visualiza a la Argentina como un socio de privilegio en América Latina. Ese factor, que con una estrategia inteligente habría que saber usar en nuestro provecho, va de la mano de una cuestión a la que lamentablemente nuestra dirigencia política aún no le da su justa valoración estratégica.

Me refiero al reconocimiento por los organismos internacionales de la extensión de la soberanía argentina sobre nuestra plataforma continental marítima, ese otro “país líquido” que triplica nuestro territorio continental, y en el que Malvinas, las Georgias y Sándwich del Sur aparecen como puntos emergidos en una inmensidad de mar argentino. Y desde ya que cualquier proyecto de explotación de recursos en el área, hasta por simple proximidad, para ser viable debe contar logísticamente con nuestras costas continentales.

Teniendo en cuenta la complejidad de estos factores debemos encarar una línea diplomática inteligente que pondere todo “en su justa medida y armoniosamente”, como recomendaba  Perón.

Retomando lo que surge del testimonio de ese avezado diplomático que fue Carlos Ortiz de Rozas, es evidente que para pensar y llevar adelante esa estrategia no se puede recurrir a improvisaciones ni bandazos de timón, máxime cuando del otro lado de la mesa tenemos a una de las potencias de mayor profesionalismo y habilidad en el manejo de sus relaciones internacionales. Si se me permite un símil con temas que conozco bien, para comandante de una nave se elige a un capitán capacitado, no a un médico o un profesor de filosofía, por muy dotados o inteligentes que sean en sus respectivas áreas. Sobre todo, si la travesía ha de ser en las turbulentas aguas del Atlántico Sur;  lamentablemente, las recientes situaciones están mostrando demasiada improvisación.

Está claro que poner la soberanía como único o primer punto excluyente de negociación es entrar en un juego sin salida; la mudez o adoptar posiciones extremas sólo significarían seguir lamiendo nuestras heridas sin provecho alguno. Pero tampoco resuelve el problema una actitud complaciente o poco cuidadosa que haga primar la búsqueda de inversiones o negocios, desatendiendo valores estratégicos que no se limitan a Malvinas sino a la proyección antártica.

Para cumplir con el mandato histórico, constitucional y espiritual que impone el diferendo del Atlántico Sur debemos, como Nación, establecer líneas de negociación serias, con una política inteligente que use en nuestro favor los intereses comunes. Negociación en la que nada está cerrado hasta que todo esté cerrado, incluido el tema de la soberanía, que es nuestro objetivo supremo.

Logrado este objetivo, en el que pusimos tantos años de esfuerzo, con sus claros y oscuros y sobre todo rindiendo tributo eterno a la sangre derramada por nuestros héroes, le daremos verdadero sentido histórico para que futuras generaciones consoliden este proceso asegurando nuestros derechos irrenunciables sobre el territorio insular y marítimo.

Buenos Aires, Setiembre 2016

JUAN CARLOS SCHMID

Secretario General

Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA)

Fuente: gremialesdelsur.com.ar