Relatando un caso en particular, Román explicó por Radio Provincia sobre las desprolijidades administrativas que aún continúan, tras la baja de la cobertura de IPAUSS, establecida de acuerdo a la aprobación del paquete de leyes de enero, donde en muchas ocasiones las personas discapacitadas quedan sin obra social: “A está mamá, Soledad Sosa, le notificaron que tenía 90 días y que después se iba a quedar sin IPAUSS, era porque tenía una segunda obra social. Lo que hizo fue dar de baja la otra obra social porque desde nació la nena se atendió en la clínica y la otra obra social no tiene convenio ahí, y además, porque tenían la operación programada ahí mismo. Entonces le dieron la baja y operó la baja del IPAUSS también, y así la nena quedó sin ninguna obra social”.

“La justificación que nos dieron verbalmente, era que esto sentaba un precedente para aquellos que tuvieran dos obras sociales; le iban a dar de baja la segunda obra social para seguir sosteniendo al IPAUSS y por eso se le negó”, añadió.

“Esta nena tiene Síndrome de Down y tiene bronco espasmos de repetición, no es una operación de alta complejidad, por suerte, porque si no estaríamos hablando de algo mucho más grave, pero en este mes la nena ya tuvo tres veces bronco espasmos porque no ha podido ser operada”, detalló.

Román, consideró que, “los funcionarios han perdido el sentido común, porque uno entiende que no se puede dejar a una menor sin obra social y con operaciones programas”.

Además precisó que, “los cuestionamientos de ellos es que los padres tuvieron 90 días para hacer el trámite en la otra obra social y acusan a la gente con discapacidad de tener desidia y este no es el caso, porque conozco a la familia y se han acercado desesperados porque iban a hacerle solamente el electrocardiograma para el prequirúrgico y les dicen que no tenían más IPAUSS , pero supongamos que son padres que no se preocupan, entonces quiero saber quién vela por la salud de esta nena de cuatro años”.

“Hoy en día vos hablas con cualquier persona que tenga alguna discapacidad y te dice que su principal problema es el Estado, porque recrudecieron los trámites para sostener y acceder a la pensión, se hicieron más burocráticas las cosas en IPAUSS, el cual ahora está haciendo un reempadronamiento que requiere desde el resumen de la historia clínica pasando por los certificados de discapacidad que ya habían sido presentados, si hay personas que no los presentaron, hagan que lleven los papeles pero no hacer ir a todos de nuevo”, reclamó.

“Es lamentable lo que está pasando. Además, esta ley que viene dentro de este paquete que no soluciona nada porque desde que está vigente ya lleva acumulado el gobierno 30 millones de pesos de deuda de pensionados RUPE porque no se le ha pagado al Instituto y, además, hay un 5% que se descuenta que tampoco ha sido girado al IPAUSS, seguimos igual que antes pero con la gente pasándolo peor, y en el medio está la gente con discapacidad”, expuso.

“Es recurrente escuchar a los funcionarios decir que quieren que los pocos recursos que hay lleguen a las personas con discapacidad y que hay mucha gente que es avivada, y en nombre de estas cosas establecen pedir autorización para salir de la provincia, aún si te han derivado, igual que una condena en suspenso, porque la ley establece que hay que ser habitante de Tierra del Fuego. Mientras tanto, no hay centros de rehabilitación, ni talleres protegidos, ni hogares de día, para personas con discapacidad y un sinfín de falencias más”, concluyó la sindicalista.

Fuente: redintdf.com