Bertone expresó que, “se trabaja en un nuevo proceso para modificar la ley, en conjunto con el Gobierno Nacional. Ese trabajo lo lleva adelante la Legisladora (Liliana) Martínez Allende, que preside la Comisión de Salud, y el Ministro Leonardo Gorbacz. Aspiramos a una resolución distinta, para que haya más agilidad y tenga la pensión quien la debe tener”; habló de casos en que, “la gente no tenía necesidad de contar con la pensión”, y calificó este hecho como “un curro”.

Estos dichos son repudiables en toda su extensión. Las pensiones se otorgan en cumplimiento de una Ley Provincial que no habla de “necesidades” para acceder a las mismas y que, como sabe cualquier persona que no es neófita en la materia, se ha constituido en un derecho de las Personas con Discapacidad sin importar los ingresos económicos del grupo familiar ya que el requisito para poder acceder al mismo es que la Persona con Discapacidad, titular del derecho, no tenga ningún otro ingreso. Es la forma que ha encontrado el Estado para intentar equiparar las oportunidades de aquellas personas que tengan un hándicap devenido de su discapacidad. Son muchos los pensionados y familiares que expresan que preferirían no cobrar una pensión si pudieran vivir en una sociedad inclusiva que contara con un buen sistema de salud con los especialistas que requieren, con escuelas inclusivas, centros de formación laboral, talleres protegidos, centros de rehabilitación, con obras sociales que cubran de manera efectiva el 100% de sus necesidades médico-asistenciales. Pero esto no sucede en nuestro país y mucho menos en nuestra provincia donde los amparos judiciales para el acceso a estos derechos es moneda corriente.

Entonces, nos preguntamos ¿por qué insisten en avanzar sobre aquellos derechos adquiridos luego de años de luchas? Rige a este Gobierno un principio economicista desprendido de toda moral que no duda en reducir el presupuesto para las personas con discapacidad o colocarnos en la falsa antinomia entre personas con discapacidad de bajos recursos versus personas con discapacidad que cuentan con una familia que posee mejores ingresos.

Bertone ha dejado expuesto lo que se temía; se tiende a equiparar la pensión provincial RUPE con las pensiones nacionales no contributivas. No sólo el monto es menor sino que para acceder a ellas se debe tener “certificado de pobreza”. En épocas de armonización de la Caja Previsional con ANSES Nacional, de intento de normalizar con Nación la Obra Social, de conculcación de derechos previsionales; no extraña que también quieran nacionalizar las pensiones. Pero no hay forma de avanzar con esta iniciativa sin la modificación de la Ley de RUPE de manera inconstitucional, ya que las modificaciones de las leyes sólo son constitucionales cuando significan un avance en derechos y no lo contrario.

En este sentido hacemos corresponsable a la Legislatura de la complicidad por acción y omisión. Por acción, al haber votado la Ley N° 1072 dentro del paquete de leyes que significó que el Estado se desentendiera de las coberturas médico asistenciales de aquellos pensionados que poseían alguna obra social brindada por el familiar a cargo. Y por omisión, ya que hay dos proyectos y un documento con aportes para su tratamiento, que duermen en un cajón y no son tratados en Comisión N° 5 a pesar de los reiterados pedidos de los representantes de las PCD.

Se han presentado más de 2.000 firmas juntadas en pocos días gracias al esfuerzo de las PCD y sus familiares, y en esa oportunidad la Legisladora Martínez Allende se había comprometido a tratar los proyectos en Comisión para obtener el dictamen y así poder tratarlos en la próxima sesión. En lugar de eso; nos enteramos por los medios de que está realizando gestiones a nivel nacional con el Ministro Gorbacz.

Estos hechos, sumados a la negativa al pedido de derogación de la ley N° 1072; las interminables discusiones acerca de qué aspectos se deben modificar o no, y por qué; las marchas y contramarchas en la ejecución de normativa administrativa; los disímiles criterios con que se ejecutan las normas según la ciudad de residencia y una extensa lista de etcéteras no pueden menos que generar un profundo repudio por parte de las personas con discapacidad.

Nuevamente volvemos a exigir la urgente derogación de la N° 1072 y que no haya “Ni un Derecho Menos para las PCD”

Secretaría de Discapacidad. CTA Autónoma de Tierra del Fuego.

Fuente: gremialesdelsur.com.ar