El malestar y el repudio se propagó rápidamente al conocerse la noticia y personas con discapacidad, ONGs, grupos de familiares de las tres ciudades de la provincia, se comunicaron con la Comisión de Discapacidad de la CTA-A para  definir  acciones tendientes a contrarrestar esta nueva embestida. En este marco se definió difundir en la comunidad los alcances de este proyecto y convocar a manifestarse frente a la Legislatura en el caso de que se llame a sesión extraordinaria.

Intentaremos explicar en pocas líneas por qué este proyecto de ley pergeñado bajo criterios puramente economicistas, es un retroceso flagrante en materia de derechos para las PCD de nuestra provincia; el mismo, consta de poco más de una página, suficiente para barrer las pensiones provinciales y crear un programa  de “Complemento Social Provincial” para beneficiarios de la Pensión  Nacional No Contributiva por Invalidez (Pensiones Nacionales). Este complemento consistiría en un monto equivalente a la diferencia entre lo que se percibe por la pensión nacional y la pensión RUPE, es decir algo más de $7.000.

 - La pensión  RUPE es un DERECHO de la Persona con Discapacidad, y surge con el fin de constituirse en un régimen de equiparación de oportunidades; en cambio la pensión nacional es una ayuda económica que se otorgan sólo en los casos con riesgo social "extremo". Por ejemplo, ningún familiar obligado debe contar con ingresos para poder acceder al beneficio. Además, Nación otorga un número limitado de pensiones por provincia de acuerdo a la cantidad de habitantes.

- De aprobarse este nuevo proyecto de ley, la cobertura de salud se brindaría a través del programa “Incluir” que los beneficiarios de pensiones nacionales obtienen. En este punto se profundiza el desentendimiento del Estado Provincial con respecto a los temas de salud, ya la Ley 1072 había dejado sin la cobertura por parte del ex IPAUSS a muchos pensionados RUPE.

- A pesar de que  el proyecto de ley establece que no abarcaría a los pensionados RUPE sino que se aplicaría para aquellos que quieran acceder a nuevas pensiones,  tampoco se expresa acerca del destino que correrán aquellos beneficiarios RUPE cuando deban renovar sus pensiones; ni como se piensa subsanar las diferencias en cuanto a cobertura de salud (OSPTDF para algunos RUPE vs Programa Incluir Salud para otros).

Párrafo aparte merece el cinismo con el que fueron escritos los fundamentos de este proyecto de ley, donde se invoca a la Convención Internacional de los Derechos de las PCD para violarlos una y otra vez: a partir por ejemplo de  la manera inconsulta en la que pretenden decidir sobre el futuro de estas personas. En la nota firmada por el Vicegobernador Arcando, se reconoce que nuestra provincia no cumple con la Convención y que urge la implementación de políticas en relación a  inclusión educativa, laboral, servicios de rehabilitación, accesibilidad edilicia, transporte, recreación, etc. Y recurren a este grave incumplimiento de inversión en políticas para las PCD para fundamentar  con un criterio economicista, lo que sería un nuevo avasallamiento a sus derechos.

Ante semejante atropello, convocamos a la población a estar alerta y acompañar a las personas con discapacidad en su reclamo.

Hoy más que nunca decimos, #Ni Un Derecho Menos en TDF!

Secretaría de Discapacidad. CTA Autónoma de Tierra del Fuego

Fuente: gremialesdelsur.com.ar