“Hemos impugnado una resolución sobre el uso del transporte, que también pretende guiarse por principios economicistas. En la provincia tenemos cinco combis adaptadas más, que envió la CONADIS, pero cuando uno va a pedirlas, tiene que presentar una declaración jurada de ingresos de todo el grupo familiar, decir si tienen auto o no; dentro de las condiciones para obtener este transporte adaptado dicen que la tolerancia de espera es de cinco minutos, y cualquiera que trate con personas con discapacidad sabe que cinco minutos de espera es algo imposible para aprontar a un chico con problemas de movilidad”, señaló Diana Román y agregó, “también ponen condiciones de higiene y vestimenta para poder estar en el transporte. La verdad es lamentable y nos costó llegar a esta resolución, porque los padres nos decían que les hacían llenar una declaración jurada y no sabíamos de dónde venía. La encontramos en el boletín oficial, es la resolución N° 18, y son normas que empiezan a regir para los pensionados de las cuales no los notifican, como si la gente entrara al boletín oficial todos los días”.

Román remarcó que, “de golpe uno se encuentra con que está incumpliendo normativas, y que es posible quedarse sin la combi y la pensión, y no saben por qué. Cuando uno lee las normativas que van inventando, siente mucha impotencia. Imaginen lo que siente la persona con discapacidad o el familiar.

Desde la CTA Autónoma de Tierra del fuego intentarán una reunión con la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, con la cual mantienen contacto desde el año pasado, para plantear el uso restrictivo que se le está dando a este transporte que se compró con fondos de Nación, con la expectativa de revertir la medida.

Fuente: sur54.com.ar