El viernes pasado se difundió la noticia de que la Legisladora Myriam Martínez había presentado un proyecto de ley para garantizar el derecho a la educación inclusiva a alumnos con Discapacidad. La noticia causa asombro y despierta algún temor en los sectores ligados a la educación especial.

En primer lugar, el proyecto es redundante, el acceso a las escuelas comunes está garantizado por varias leyes a saber: Ley N° 1.018 de educación provincial, Ley N° 48 de equiparación de oportunidades para las Personas con Discapacidad, además de la Ley Nacional de Educación N° 26.206 y las leyes supranacionales como la Convención internacional de los derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces ¿Cuál es la necesidad de crear una nueva ley sobre este tema?

En el proyecto de ley, que ya fue respaldado públicamente por la Gobernadora Bertone, llama la atención el grado de desinformación y de desactualización de los marcos de referencia lo cual también se refleja en la terminología empleada en la redacción.

A la luz del paradigma de inclusión educativa, es totalmente retrógrado y discriminatorio intentar condicionar el ingreso de los alumnos con Discapacidad a los establecimientos de educación común con un informe que determine los grados de capacidad de los alumnos.

Este proyecto es tan ambiguo que no se logra visualizar cual es la intencionalidad del mismo. Alguna pista nos aporta la Legisladora Martínez al remarcar que, “esta ley pondrá a la educación de Tierra del Fuego en un lugar ejemplificador junto a las provincias de Tucumán y Neuquén, donde ya están en marcha iniciativas similares”.

No es casual que nombre justamente a estas dos provincias en las que los sindicatos docentes han rechazado las normativas sobre el tema que impulsan sus Gobiernos por considerar que se trata de “una falsa inclusión y el fin de las escuelas especiales”. Entienden que, "significará una doble discriminación y abandono para los niños y niñas que tienen alguna Discapacidad, ya que en las escuelas 'comunes' no existe el recurso humano para atender las necesidades educativas específicas a cada tipo de Discapacidad”.

La educación de alumnos con Discapacidad en nuestra provincia atraviesa una situación similar; este año se han recortado recursos para la atención de dichos alumnos (recorte de horas a profesionales de Gabinete y baja de cargos de maestros acompañantes o parejas pedagógicas), dejando a los alumnos en una situación de vulnerabilidad que está lejos de garantizar una verdadera inclusión educativa.

Este proyecto revela el desconocimiento que tiene el Gobierno acerca del trabajo que se hace en las escuelas comunes y especiales de nuestra provincia.

Esperamos que su aprobación y debate en Comisión N° 4 de la Legislatura provincial no sean también inconsultos y se convoque a los docentes y profesionales de educación especial, a las familias y organizaciones que representan a las Personas con Discapacidad.

Secretaría de Prensa y Difusión. Consejo Directivo Provincial. SUTEF

Fuente: gremialesdelsur.com.ar