No somos los trabajadores y trabajadoras quienes debemos financiar las mejoras necesarias para los sectores más postergados, sobre todo porque existen actores económicos con capacidad tributaria, amplios beneficiarios de las políticas que nos llevaron a la situación actual de vulnerabilidad, y que obtuvieron rebajas en sus obligaciones impositivas que ensancharon la brecha de la desigualdad social y la precarización de la vida de las mayorías populares

Los trabajadores y trabajadoras ya estamos haciendo un esfuerzo notable para que la crisis social no sea más amplia. Sufrimos la erosión inflacionaria y el peso cotidiano del IVA en todos los productos y bienes, dos millones de trabajadores y trabajadoras aportamos el injusto impuesto al salario y, quienes tenemos regímenes especiales, aportamos sumas mayores a las estipuladas por ley para evitar la degradación de nuestras jubilaciones futuras y alcanzar el 82% móvil.

Los números son elocuentes: la canasta básica de un jubilado/a alcanza los $38.000 a septiembre de este año y el corte para actualizar las jubilaciones del proyecto actual es de $19.068.

Como Central de trabajadores y trabajadoras proponemos alternativas para financiar el desfasaje que marcamos en nuestro rechazo a los límites de actualización jubilatoria prevista por el proyecto de ley enviado al Congreso Nacional.

En ese sentido, apoyamos el pago de dos sumas de $5.000  para las jubilaciones de hasta $19.068 en su calidad de subsidio paliativo y proponemos aplicar la fórmula de actualización jubilatoria para el resto de las trabajadoras y trabajadores jubilados -hasta tanto se resuelva aplicar una nueva en marzo de 2020-. Esa actualización debería ser financiada por un aporte extraordinario por única vez proveniente de las utilidades de los bancos en el presente período y de las acumuladas para futuros dividendos; la restauración de las retenciones a la actividad minera; la restitución escalonada de los aportes patronales de las grandes y medianas empresas para alcanzar el 33%; y la sanción de un impuesto adicional a los juegos de azar, junto a las modificaciones de las retenciones a la exportación de granos contemplada en el actual proyecto.

Desde la CTA Autónoma apoyamos el camino emprendido por reparar inicialmente a los sectores más postergados de la sociedad y la construcción de herramientas económicas que generen mayor equidad social. 

Pablo Micheli, Secretario General

José Rigane, Secretario Adjunto

Dora Martínez, Secretaria Adjunta

Fuente: gremialesdelsur.com.ar