La norma alcanzará a 268 mil empleados de la administración pública central, los organismos descentralizados y el personal civil de las fuerzas Armadas y de seguridad. La administración de Alberto Fernández busca un efecto imitación por parte de los gobernadores provinciales y también para los trabajadores municipales.

La principal novedad del decreto es la fijación del tope: aunque ya se sabía que sería de ese valor los gremios estatales daban por sentado que sería neto y no bruto, por lo cual más estatales quedarán imposibilitados de cobrarlo. El aumento, al igual que el decreto del Ejecutivo para el sector privado, se dará bajo la modalidad de suma fija remunerativa y sujeta a aportes, con lo cual el monto neto final será de $3.320, y será a cuenta de la paritaria de este año en el Estado o de cualquier otro incremento resuelto hacia adelante.

Otra salvedad es que el límite para el cobro también operará con los dos ajustes salariales que los empleados públicos tienen en marcha de 5% cada uno en enero y febrero, producto de la paritaria 2019: si un trabajador percibía hasta el año pasado un salario inferior a 60 mil pesos pero alcanza o supera ese valor con el primer 5%, quedará al margen de la suba por decreto.

Además de los que superen el tope también serán marginados de la suba los trabajadores estatales regidos por convenios colectivos específicos beneficiados por aumentos en línea con la inflación. Es el caso de los docentes universitarios nacionales, para quienes opera una cláusula gatillo automática que el año pasado les garantizó (como a los maestros bonaerenses) percibir subas ajustadas por la variación del costo de vida. En la Jefatura de Gabinete calcularon que 112 mil trabajadores no percibirán el incremento decretado por estar contemplados en las excepciones.

La medida definida ayer es la consecución del decreto del propio Ejecutivo destinado a subir los salarios del sector privado, y fue el eje de encuentros que mantuvieron en los últimos días funcionarios con los jefes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Hugo “Cachorro” Godoy, los principales gremios del sector público. Los sindicalistas, de todos modos, les habían pedido al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y al Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quitar el límite de ingresos o estirarlo para alcanzar a más beneficiarios.

Fuente: ambito.com