“Hace una semana, el 17 de junio de 2020, se hizo público el cierre de operaciones de la filial argentina de Latam Airlines, en lo que respecta a vuelos de pasajeros tanto como cargas. Ésta decisión obedece a las actuales condiciones de la industria local agravadas por la pandemia del COVID-19, según el comunicado oficial de prensa de dicha empresa”, recordó la Legisladora, quien resaltó, “el rol fundamental que la empresa supo tener en cuanto a lo que respecta en conectividad local, ya que durante los 15 años de operación la firma consolidó destinos desde y hacia Buenos Aires, Iguazú, Bariloche, Salta, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, El Calafate y Ushuaia”.

“Ante esta gran imposibilidad de volar, la aerolínea presentó un plan de contingencia de recorte salarial temporal de un 50% que en la práctica seria entre un 7% y un 35% (según el sueldo). Sin embargo, pese a firmar este acuerdo con más de 1.100 empleados de forma individual, y tras seis audiencias en el Ministerio de Trabajo de la Nación, el cual intimó a pagar el 100% en época de ingreso cero, el grupo se vio obligado a presentar el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), a diferencia de lo que ocurrió en el resto de las filiales y países donde opera, donde Latam logró firmar un acuerdo”, explicó Reyes.

“Latam llegó a tener presencia en 14 aeropuertos nacionales, invirtió 2.8 millones de dólares para la flota de aviones con rutas de cabotaje, siempre con tripulaciones argentinas y bajo los derechos de tráfico locales, para el año 2019 llego a aportar el 0.6% del PBI una facturación de 2.700 millones en todas sus líneas de negocios, con miles de puestos de trabajo indirecto y hasta llegó a repatriar a 16.000 argentinos varados en el exterior. Sin embargo, nuestro mercado aeronáutico se encargó de poner palos en la rueda; basta recordar cuando el ORSNA intimó a desalojar el hangar de la compañía en el Aeroparque Jorge Newbery, sumadas a las interminables luchas sindicales o al polémico rol que juega el Estado argentino como competidor, regulador y controlador. Siendo que entre 2009 y 2019 el Estado entregó a Aerolíneas Argentinas en concepto de subsidios u$S 5.500 millones, lo cual lejos está de ser un mercado competitivo”, señaló la Legisladora.

La Diputada agregó que, “además de los problemas que puede acarrear el cierre de una empresa de tales magnitudes en respecto a los puestos de trabajo, también es preocupante es la perdida de conectividad, sobre todo en un país tan extenso como el nuestro donde es vital para el desarrollo de las regiones postergadas como la Patagonia. Para dar un ejemplo, solo en la provincia de Santa Cruz, se perdieron 9 vuelos semanales a destinos como Rio Gallegos y El Calafate, perdiendo el 33% de la conectividad con el resto del país. Además, otro de los grandes sectores gravemente afectados por esta decisión es el turismo. Él cual genera más de un millón de puestos de trabajo indirectos, además de una gran cantidad de ingresos a la economía doméstica”, concluyó.

Acompañan con su firma el proyecto los Diputados Lorena Matzen, Gustavo Menna, Soledad Carrizo, Estela Regidor, Lidia Ascarate, Ximena Garcia, Claudia Najul, Jorge Vara, Juan Martin, Gabriela Lena, Federico Zamarbide, Facundo Suarez Lastra, Luis Pastori y Diego Mestre.

Fuente: parlamentario.com