La ley considera el teletrabajo una modalidad laboral, que luego debe adaptar cada convenio colectivo; obliga a los empleadores a respetar las jornadas y los salarios acordados, facilitar conectividad y computadoras en sus domicilios, respetar los horarios necesarios para cuidados familiares y preparar una oficina por si un empleado no puede seguir trabajando en su casa. Se lo denomina "principio de reversivilidad", y es uno de los mayores cuestionamientos de las cámaras empresarias.

La futura ley -que a pedido del sector empresario entrará en vigencia recién 90 días después de que finalice el aislamiento obligatorio- modifica la Ley de Contrato de Trabajo incorporando una serie de principios generales.

En primer lugar, se garantiza que la remuneración recibida por el teletrabajador no podrá ser menor a la que percibe un empleado que realiza sus tareas en modo presencial.

El trabajador podrá prestar su consentimiento para el teletrabajo de forma voluntaria y por escrito, y tendrá la posibilidad de revertirlo en cualquier momento de la relación contractual, si es que desea volver a las tareas presenciales.

Este último punto fue uno de los que cosechó mayores dudas, y hubo un planteo de la oposición para que la reversibilidad sea bilateral y haya un plazo de pre-aviso.

El proyecto considera, además, el derecho a la desconexión digital, equivalente al tiempo de descanso; y se contemplan las tareas de cuidado de menores de 14 años, personas mayores o con discapacidad.

Además, el empleador deberá proveer los elementos de trabajo -software, hardware y otros-, y en caso de que el trabajador incurra en gastos extra, tendrá acceso a una compensación económica.

Durante la discusión en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, representantes del sector empresario cuestionaron estas regulaciones, pero el Frente de Todos decidió avanzar para que haya ley lo antes posible.

Fuente: parlamentario.com