El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 hizo lugar a una cautelar peticionada por el Consejo Interuniversitario Nacional para que se cumplimente los artículos 5° y 6° de la Ley Nº 27.795 de Financiamiento Universitario. Los artículos refieren a la actualización y recomposición de los salarios de docentes y no docentes de Universidades Nacionales y del monto de Becas Estudiantiles.

Es en respuesta a la suspensión de la norma aprobada por las dos Cámaras del Congreso y que luego fue suspendida por el Poder Ejecutivo en noviembre de este año.

Los gremios celebraron la medida de la Justicia

“Saludamos este fallo que en lo concreto revierte la estrategia de Gobierno nacional que consistió en suspender la paritaria, recortar un 40% los salarios, becas y gastos de funcionamiento, desconocer por dos años consecutivos las leyes del Congreso y como si fuera poco, pretendió derogar en el último presupuesto enviado”, señaló Pablo Perazzi, Secretario General de la Federación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA).

“Este fallo cautelar es un paso más en la pelea que hace dos años el sistema universitario y la sociedad argentina en su conjunto viene dando contra un plan sistemático de desmantelamiento y destrucción de las capacidades de producción de conocimiento en nuestro país. No vamos a quedarnos mirando cómo se llevan puesto el país”, declaró Federico Montero (FEDUBA/CONADU).

Cabe destacar que, tras la sanción de la Ley Nº 27.795, el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto Nº 795/2025, suspendió la aplicación de la norma, al argumentar que la Ley no autorizaba o disponía gastos para prever en forma expresa el financiamiento universitario.

En ese sentido, el Consejo Interuniversitario Nacional inició un proceso colectivo a fines de octubre de 2025, solicitando la declaración de inconstitucionalidad del decreto y el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario, con énfasis en los artículos 5 y 6, que establecen la actualización salarial docente y de becas estudiantiles según el índice inflacionario. Los actores alegaron una afectación colectiva y urgente, argumentando que el incumplimiento erosionaba el poder adquisitivo, comprometía el funcionamiento universitario y lesionaba derechos constitucionales a la educación y a la autonomía institucional.

Fuente: infogremiales.com.ar