La medida busca garantizar la seguridad operativa y preservar el estatus del puerto como uno de los más estratégicos del país.

Según los informes técnicos, parte de los fondos generados por la actividad portuaria habrían sido destinados a fines ajenos a la administración y mejora del muelle, lo que provocó la postergación de obras indispensables de mantenimiento.

Esta situación, fue advertida por el organismo nacional, la cual comprometía la continuidad del servicio y la seguridad en un puerto clave para pasajeros y la logística antártica.

El conflicto se remonta al convenio Nación-Provincia firmado en 1992, que transfirió la administración del Puerto de Ushuaia a la provincia de Tierra del Fuego, bajo la condición expresa de que todos los ingresos se destinen exclusivamente a gastos operativos e inversiones portuarias.

No obstante, la ANPYN señaló como antecedente central la Ley provincial Nº 1.596, sancionada en julio de 2025, que habilitó el uso del superávit de la Dirección Provincial de Puertos para financiar a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), en contradicción con el acuerdo vigente.

Pese a las intimaciones y pedidos de información, la provincia no logró acreditar el cumplimiento de sus obligaciones ni revertir las conclusiones del informe final de inspección.

Por este motivo, se resolvió una intervención administrativa por 12 meses, prorrogables, orientada a regularizar la infraestructura, asegurar la seguridad operativa, y garantizar la continuidad del servicio, sin afectar las relaciones laborales del personal.

El origen de la intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) es por la denuncia presentada oportunamente por Juan Avellaneda, en su carácter de Secretario General de la seccional de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, del Sindicato Unión de Personal Superior Ferroviario (UPSF).

La nómina del personal afectado al Puerto de la ciudad de Ushuaia, según consta en expediente relacionado al tema es el siguiente:

- 134 agentes Planta Permanente (82,7%).

- 15 agentes Planta Política (9,3%).

- 13 agentes Adscriptos de otros organismos (8%).

- Total de la dotación, 162 trabajadores.

Fuente: gremialesdelsur.com.ar