“A esta situación se suma la demora en la distribución de contratos y servicios, lo que ha provocado despidos y la puesta en stand by de trabajadores pertenecientes a contratistas que desarrollan tareas en los yacimientos.

Entre las firmas afectadas se encuentran diversas contratistas y prestadoras de servicios que integran la cadena de valor de la actividad hidrocarburífera en la provincia, cuyos trabajadores hoy se ven perjudicados por la paralización de contratos y la falta de tareas.

El trabajo petrolero no puede quedar sujeto a la incertidumbre ni a decisiones empresariales que paralizan la producción, afectan a prestadores regionales y dejan a los trabajadores sin tareas efectivas.

Las compañías que integran la UTE asumieron compromisos claros cuando se hicieron cargo de los bloques que dejó YPF. Prometieron sostener las fuentes laborales, mantener el nivel de actividad y realizar inversiones para garantizar la continuidad de la producción. Sin embargo, recién comienzan su gestión y ya están incumpliendo gravemente su palabra y las obligaciones asumidas.

Hoy nos encontramos con una actividad que aún no logra recuperarse, contratistas que no han podido pagar salarios en tiempo y forma y compromisos de inversión que todavía no se han materializado. Todo esto ocurre incluso en un contexto en el que el precio internacional del barril de petróleo se encuentra por encima de los valores existentes cuando asumieron la operación de estas áreas, y con beneficios fiscales tanto nacionales como provinciales que no habían tenido en otras etapas.

Esta situación no es nueva. Desde el sindicato venimos realizando presentaciones y denuncias ante el Ministerio de Trabajo por los distintos incumplimientos registrados en las áreas operadas por las empresas que hoy tienen a su cargo la actividad en la provincia. También hemos mantenido reuniones con los empresarios para intentar encontrar soluciones y llevado adelante medidas de fuerza frente a esta situación. Sin embargo, hasta el momento operadoras como Patagonia Resources y Quintana E&P no han dado respuestas suficientes ni han demostrado voluntad real de resolver los conflictos que afectan a los trabajadores y a las empresas de servicios vinculadas a la actividad.

Los yacimientos de la provincia no pueden permanecer sin la inversión suficiente ni quedar sometidos a decisiones que perjudican a los trabajadores, a los prestadores de servicios y a toda la economía regional.

Cabe recordar que en febrero de 2025 la Legislatura de Santa Cruz aprobó la Ley de Emergencia Hidrocarburífera, cuyo objetivo central fue dotar al Gobierno provincial de herramientas para intervenir en la actividad petrolera, garantizando la continuidad de la producción y la protección de los puestos de trabajo ante el proceso de retiro de YPF de distintas áreas de la provincia.

La norma alcanzaba a todas las concesiones hidrocarburíferas que la compañía mantenía en Santa Cruz y autorizaba al Poder Ejecutivo a adoptar las medidas administrativas y legales necesarias para mitigar el impacto de esa retirada.

Asimismo, la aplicación de la Ley se encontraba bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, que debía garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley N° 3.117 de Hidrocarburos y el respeto de las normas vigentes en materia de pasivos ambientales, inversiones comprometidas y obligaciones laborales.

La situación que motivó aquella Ley no ha cambiado. Por eso solicitamos al Ministerio de Trabajo que continúe ejerciendo los controles correspondientes sobre la actividad y el cumplimiento de los compromisos asumidos por las operadoras.

Del mismo modo, solicitamos a las autoridades de la Legislatura de Santa Cruz y a las comisiones correspondientes que auditen la situación actual de estas áreas, determinen si existe incumplimiento por parte del consorcio respecto de los planes de inversión y sostenimiento del empleo presentados, y evalúen la necesidad de impulsar nuevas herramientas legislativas para garantizar la continuidad de la actividad y la defensa de los puestos de trabajo.

Si Patagonia Resources, Quintana E&P y las compañías que integran la UTE no cuentan con los recursos económicos, técnicos o financieros necesarios para sostener la producción y garantizar los puestos de trabajo, deberán asumir esa realidad con responsabilidad.

Nadie las obligó a venir a la provincia. Decidieron presentarse, asumir la operación y firmar compromisos de inversión y de sostenimiento del empleo. Si hoy no pueden, no quieren o no saben cómo desarrollar la actividad, deberán dar un paso al costado para que esos yacimientos puedan ser operados por quienes sí tengan la capacidad de invertir, producir y sostener el trabajo.

En las últimas horas se mantuvo una reunión con el Gobierno de Santa Cruz en el marco del proceso de conciliación obligatoria. Lamentablemente el resultado fue negativo y no se alcanzaron soluciones concretas a los problemas planteados por los trabajadores.

Durante ese encuentro este sindicato volvió a plantear la necesidad de que el Gobierno provincial avance de una vez por todas en la exigencia a YPF para que cumpla con las tareas de remediación ambiental que debe comenzar a realizar en las áreas que dejó en la provincia, responsabilidades que forman parte de las obligaciones asumidas por la compañía.

Entendemos la complejidad del momento, pero la gravedad de la situación exige decisiones y mayor celeridad por parte de las autoridades provinciales, porque lo que está en juego es la continuidad de la actividad y el sustento de cientos de familias vinculadas a la industria.

Este Sindicato va a respetar los pasos legales y el proceso de conciliación obligatoria vigente en este momento, pero también va a hacer todo lo que sea necesario para defender la producción y cada puesto de trabajo durante la vigencia de la conciliación y una vez finalizada la misma.

De persistir esta situación, solicitaremos formalmente al Gobierno de Santa Cruz que avance con la reversión de la concesión de los bloques, a fin de garantizar la continuidad de la producción, la actividad económica y la defensa del empleo petrolero en la provincia.

Nuestro compromiso es claro. Vamos a defender la producción y cada puesto de trabajo, asegurando que los yacimientos de Santa Cruz se operen con responsabilidad y respeto por los trabajadores”.

Prensa SIPGER Santa cruz

Fuente: gremialesdelsur.com.ar