A juicio se elevan 22 hechos consideradas “estafas” en los que diversas personas hicieron pagos para ser incluidos en los listados de beneficiarios que confeccionó ATE, y de los cuales el IPV solo controlaba que cumplieran con los requisitos para el acceso a viviendas.

Además, estan imputados de defraudación por administración fraudulenta con falsificación ideológica de documentos, habiendo quedado sobreseídos otros integrantes de ATE durante la etapa de instrucción de la causa.

Lavado de dinero con un solo imputado

Al juicio también se suma un tercer imputado: Erik Enrique Moscoso Panozo, un agente externo a ATE, quien será juzgado por el delito de “lavado de activos” dado que del dinero defraudado una parte fue invertido en la obtención de manera ilegítima de maquinarias, montándose una empresa.

En esa maniobra inicialmente estuvieron imputados el principal acusado del caso, Miguel Angel Arana junto a su esposa, pero ambos fueron desvinculados de esta acusación en razón de celebrar con Gobierno una “reparación integral del daño” habiendo entregado una retroexcavadora que los vio eximidos de estar imputados. Todo ello tuvo la anuencia del Fiscal del caso, Daniel Curtale, y el juzgado interviniente.

En ese caso no se dio parte al IPV, que intervendrá en el juicio como parte querellante acusadora.

La investigación calculó que a las personas se las defraudó en $8.145.000 y cerca de 52 mil dólares; montos percibidos antes del año 2018 en que se comenzaron a radicar las denuncias.

Juicio que puede quedar sin efecto

Finalmente es de destacar que este juicio está programado por el Tribunal a la espera de un pedido de “suspensión de juicio a prueba” que presentaron las defensas de los imputados, el cual fue rechazado y está en la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones.

Se aguarda que la Cámara resuelva antes del 18 de mayo a fin de definir la realización efectiva, o no, de este proceso.

Fuente: actualidadtdf.com.ar