Este martes por la mañana, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó que el Gobierno nacional debe aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y avanzar con la actualización de salarios docentes, becas estudiantiles y programas de investigación, en un fallo que vuelve a poner en el centro del debate el presupuesto para la educación superior.

La resolución fue firmada por los Jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, quienes hicieron lugar a la presentación impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional junto a distintas Universidades Públicas del país.

En el fallo, los Magistrados remarcaron que el Congreso de la Nación Argentina sancionó la Ley 27.795 con una mayoría agravada, incluso después de que el Poder Ejecutivo la observara en su totalidad. En ese sentido, subrayaron que la norma cuenta con plena vigencia y no puede ser dejada sin efecto por decisiones administrativas posteriores.

Además, los Camaristas cuestionaron el argumento del Gobierno de sostener la suspensión de la Ley basándose en otra normativa previa. “No debe perderse de vista que todas las leyes dictadas por el Congreso poseen la misma jerarquía normativa”, señalaron, al descartar que la Ley de Administración Financiera pueda imponerse sobre una ley específica aprobada con amplio respaldo legislativo.

El tribunal también planteó un interrogante central en su análisis: si el Poder Ejecutivo puede considerar suspendida una ley vigente del Congreso apoyándose en otra norma anterior. La respuesta, indicaron, es negativa.

El fallo representa un respaldo judicial a los reclamos del sistema universitario público, que en los últimos meses viene advirtiendo sobre el deterioro presupuestario y la pérdida del poder adquisitivo de docentes e investigadores.

Con esta decisión, la Justicia refuerza la obligación del Gobierno de garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de las Universidades Nacionales, en un contexto de tensión entre el Ejecutivo y el sector educativo por el financiamiento.

Fuente: adnsur.com.ar