La novedad pone fin a un sistema que duró décadas, donde una comisión estatal (la CNTA) fijaba los salarios rurales mediante resoluciones administrativas, sin la intervención directa de sindicatos y empleadores en una mesa paritaria formal.

La Ministra Sandra Pettovello calificó el hecho como “un hito histórico en materia laboral". Lo anunció en la red social X y subrayó que, “representa un paso clave en la actualización del sistema de negociación colectiva, con reglas más modernas, ágiles y transparentes para el mundo del trabajo".

El cambio llegó gracias a la Ley de Modernización Laboral N° 27.802. Esa norma modificó el Régimen de Negociación del Trabajo Agrario y habilitó que los salarios del campo se negocien como en cualquier otra actividad: sindicatos y empresarios sentados frente a frente, acordando cifras que después homologa la Secretaría de Trabajo.

Quiénes firmaron el acuerdo que marca un antes y un después

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) negoció con un frente amplio del sector empleador. Del lado empresario participaron CONINAGRO, las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación Agraria Argentina (FAA).

El acuerdo establece las remuneraciones mínimas para el personal permanente de prestación continua. También fija salarios para distintas actividades específicas alcanzadas por el Convenio, todas ellas regidas por la Ley N° 26.727 que instituye el Régimen de Trabajo Agrario.

La homologación se concretó bajo el régimen de la Ley N° 14.250, que regula la negociación colectiva en Argentina y que ahora incluye formalmente al sector rural dentro de su alcance. Hasta ahora, ese sector operaba bajo un esquema distinto, más rígido y con menos protagonismo de las partes.

Qué cambia en la práctica para trabajadores y empleadores rurales

Antes de la Reforma, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) determinaba los pisos salariales del campo mediante resoluciones. El diálogo entre sindicatos y empresarios existía, pero no se formalizaba en paritarias homologadas como en otros sectores.

Ahora, las condiciones salariales se acuerdan entre las representaciones sindicales y empleadoras conforme al régimen de negociación colectiva vigente. La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social homologa esos acuerdos, dándoles fuerza legal y aplicación inmediata.

La transformación no es solo simbólica. Implica que los salarios del campo ya no dependen de decisiones administrativas unilaterales. Ahora responden a una negociación real, con contrapeso de fuerzas y un marco legal más sólido que ampara a ambas partes.

Para miles de peones rurales, este cambio significa acceder al mismo mecanismo de defensa salarial que tienen otros gremios. Para los empleadores, ganar claridad sobre costos laborales negociados de manera transparente.

Fuente: iprofesional.com