“Mientras afirmaban que no existían recursos para otorgar una recomposición salarial acorde a las necesidades de la docencia, hoy destinan una suma que supera ampliamente el aumento mensual que hubieran percibido miles de trabajadoras y trabajadores. Si esa decisión política se hubiera tomado en marzo para fortalecer los salarios, el conflicto docente nunca habría alcanzado la magnitud que tuvo.

Lo que el Gobierno presenta como un incentivo no es otra cosa que un presentismo encubierto y un mecanismo de extorsión destinado a disciplinar a quienes ejercieron un derecho constitucional. No busca reconocer el trabajo docente: busca castigar económicamente a quienes participaron de medidas de fuerza y dividir a la docencia santacruceña.

Las medidas de fuerza constituyen un derecho constitucional de las y los trabajadores. Son una herramienta legítima para defender salarios, condiciones laborales, infraestructura escolar y la educación pública cuando los gobiernos cierran el diálogo o incumplen los compromisos asumidos.

Con esta decisión, el Gobierno inaugura una nueva política de confrontación, provocación y disciplinamiento. En lugar de resolver el conflicto de fondo -los salarios por debajo de la línea de pobreza, el deterioro de las escuelas, la violencia institucional y el incumplimiento de los acuerdos paritarios- opta por enfrentar a docentes contra docentes.

El Gobierno de Santa Cruz intenta ocultar, detrás de un pago extraordinario, el abandono de la escuela pública, el deterioro de la infraestructura escolar, el incumplimiento de los compromisos asumidos, la falta de respuestas a los reclamos y el creciente malestar que atraviesan las instituciones educativas.

La educación pública no necesita premios selectivos ni castigos encubiertos. Necesita salarios dignos para todas y todos, escuelas en condiciones y un Gobierno dispuesto a resolver los conflictos con diálogo y respuestas, no con mecanismos de división.

Llamamos a toda la docencia -docentes de aula, preceptores, equipos de orientación, auxiliares docentes, directivos y supervisores- a debatir democráticamente cómo organizarnos para enfrentar este nuevo ataque contra nuestros derechos.

Hoy más que nunca apelamos a la unidad de toda la docencia. Solo con organización y unidad podremos defender nuestra dignidad, nuestro salario, nuestros derechos, nuestras escuelas y la educación pública”.

Prensa ADOSAC Provincial

Fuente: gremialesdelsur.com.ar