Recientemente la Legislatura de Tierra del Fuego sancionó la ley Nº 846 tendiente a garantizar la continuidad de puestos laborales y poner límites a los atropellos de los empleadores en situaciones de conflicto. Sin embargo, la vigencia de normativas previas que regulan los procedimientos administrativos y fijan plazos para emitir resoluciones y notificaciones a las partes, siguen jugando en contra de los intereses de los trabajadores.

La semana anterior finalizó con situaciones que demuestran que las empresas no están dispuestas a cumplir con la ley 846, por cuanto han vuelto a poner a los trabajadores de las empresas Sueño Fueguino y Badisur en situación de extrema incertidumbre provocando la reincorporación parcial de algunos trabajadores, generando discriminación, e intentando “arreglos económicos” con otros trabajadores para que dejen de pertenecer a las empresas con lo cual se estarían produciendo “despidos encubiertos”.

Mientras el Ministerio de Trabajo de la provincia sigue generando instrumentos administrativos para el cumplimiento de la ley 846, la empresa Badisur mantiene trabajadores despedidos, y la empresa Sueño Fueguino, si bien permitió el ingreso de todos los trabajadores, ahora los “invita a arreglar” para que renuncien.

En definitiva, los empresarios siguen demostrando que nada les importa de la situación social de cada uno de los trabajadores, que en muchos casos son únicos sostén de familia, con hijos estudiando en otras provincias, trabajadoras a las que les falta pocos años para jubilarse, entre otras situaciones.

Al margen de los tiempos administrativos, si la autoridad de aplicación de la ley N º 846 (Ministerio de Trabajo de la provincia), no dispone rápidamente inspecciones para corroborar las situaciones que los trabajadores siguen denunciando, de nada habrá servido una nueva ley votada en tiempos electorales y que a una semana de su puesta en vigencia no ha permitido revertir la situación de los trabajadores textiles de la ciudad de Río Grande.