El proyecto es impulsado por el diputado oficialista y asesor legal de la CGT, Héctor Recalde, busca brindar protección a los empleados que hubiesen sido testigos en el marco de un juicio laboral contra la compañía que los contrató, en caso de que sean despedidos dentro del año de haber formulado su declaración.

El proyecto establece que tales dependientes si fueran despedidos cobrarán un resarcimiento agravado, equivalente a 13 sueldos, ante la presunción de que el despido fue causado por el testimonio brindado ante la Justicia.

Salvo prueba en contrario, se presumirá que el despido de los empleados que actuaron como testigos de las partes en juicios laborales, se produjo a raíz de ese hecho, en caso de producirse desde la fecha de ofrecimiento judicial de la prueba testimonial que los individualice, hasta un año después de producirse la declaración ante el juzgado o tribunal interviniente.

Tras remarcar que “el empleador debe haber sido notificado de tal circunstancia”, el proyecto aclara que “en el caso de que la compañía resuelva concluir con el vínculo, en esas condiciones, deberá abonar una indemnización equivalente a un año de remuneraciones, que se acumulará a las demás indemnizaciones que correspondan.

Recalde remarcó que “el proyecto resulta idóneo a fin de garantizar una protección mínima al empleado que tenga la carga legal de prestar declaración testimonial en una causa judicial, sin que, a tal efecto, recaiga sobre sus espaldas el riesgo de ser perjudicado por su empleador con motivo de los dichos vertidos en su deposición judicial”.