El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU-Federal) reafirmó que los trabajadores necesitaron en junio pasado un Salario Mínimo Vital y Móvil de $3.000.352 para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. Ese representa más de ocho veces el actual salario mínimo, que es el más bajo de la historia argentina.

Según un preocupante informe del sector panadero, el consumo de pan tradicional se desplomó entre un 50% y un 60% durante la actual gestión de Gobierno nacional, mientras que las ventas de facturas y productos de pastelería se derrumbaron hasta un 80%.

Un informe de la Fundación Pro Tejer reveló el impacto devastador de la recesión en la cadena textil, indumentaria y calzado, que lidera la pérdida de empleo privado en el país. Desde diciembre de 2023, cerraron 874 establecimientos fabriles, una caída del 14% en la cantidad de empresas operativas, y se destruyeron 24.097 puestos de trabajo directos, lo que representa una reducción del 20% en la plantilla del sector.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) informa que la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano de la Nación, notificó a los signatarios del Convenio mercantil respecto de la vigencia del porcentaje del aporte solidario indicado por el CCT 130/75 mientras rija la medida cautelar concedida a la parte sindical.

Una rebelión interna en una cámara del transporte automotor de cargas apunta a desengancharse del Convenio Colectivo de Trabajo nacional, y pretende fijar condiciones según la situación económica de cada zona.

Un nuevo informe elaborado por el Observatorio de Deuda Social (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) puso de manifiesto la preocupación por el incremento de la precarización laboral en los últimos 15 años y expuso que las personas con sueldo en blanco y protección gremial tienen los mejores ingresos.

La Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la vigencia de los 81 artículos de la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Gobierno, al rechazar el pedido cautelar de la CGT que buscaba frenar la reforma.

El objetivo final, denuncian los trabajadores, es el vaciamiento de la empresa con 900 sucursales cerradas para facilitar su privatización, una medida que está dejando un tendal de despidos y a numerosas localidades del interior del país sin un servicio esencial.