Una delegación de CONADU, encabezada por su Secretario General, Carlos de Feo, participó de la reunión de representantes del sector educativo junto al bloque de diputades de Unión por la Patria.

Atrana, el único gremio de Radio Nacional, realizó una radio abierta en la sede de la Radio Pública en CABA, donde denunció que los despidos provocados por la empresa corresponden a las “radios de las provincias”.

Los trabajadores del CONICET realizaron una “asamblea y ruidazo” en la sede del Polo Científico, ubicado en Godoy Cruz 2320, del barrio porteño de Palermo. Allí denunciaron los despidos en el marco de la política del Gobierno de eliminar puestos de trabajo que dependen del Estado nacional.

El Gobierno de Milei se mete con trabajadores de planta permanente de organismos nacionales. Esta vez despidieron a estatales que ingresaron entre 2020 y 2023. La decisión habría sido tomada por el Ministerio de Capital Humano aduciendo que fueron contratados sin concursar, pero desde el SECASFPI lo desmienten.

Este lunes se realizará una nueva Jornada Nacional de Lucha a partir de las 11 horas contra el ajuste, el desguace y los despidos en distintas áreas del Estado pretendidos a través del mega DNU 70/23 y la Ley Ómnibus, y por una urgente recomposición salarial.

ATE le respondió, vía Carta Documento, a la Ministra de Seguridad de la Nación, por la intimación recibida para el pago millonario por los costos operativos por la movilización del pasado 22 de diciembre.   

El Gobierno de Javier Milei confirmó su intención de echar mano sobre la plata de los jubilados. Así lo confirmó el Secretario de Finanzas, Pablo Quirno, que durante la maratónica reunión bicameral por el tratamiento del proyecto de Ley Ómnibus, afirmó que el objetivo es liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). También ratificó la idea de eliminar la Ley de Movilidad Jubilatoria.

El Ministerio de Seguridad del Gobierno Nacional intimó a las entidades sindicales que participaron de movilizaciones los días 22 y 27 de diciembre 2023, a pagar millonarias sumas de dinero “en concepto de costos operativo que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos”.