El Secretario General de ATE Tierra del Fuego, se refirió a la posibilidad de implementar retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas en el Estado provincial. “Estamos realmente preocupados de que se produzca un estallido social”, dijo el sindicalista.
A partir del 6 de junio, ATE brindará el Curso de Lengua de Señas On Line destinado a empleados estatales provinciales, municipales, entes descentralizados y nacionales.
17.05.2017 | | UNIÓN DE GREMIOS
La Gobernadora Rosana Bertone, el Vicegobernador Juan Carlos Arcando, los 15 Legisladores provinciales, los 3 integrantes del Tribunal de Cuentas de la provincia, el Fiscal de Estado, y la ex Gobernadora Fabiana Ríos, han sido denunciados por los supuestos de delitos de “Atentado al orden constitucional y a la vida democrática”, “Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”, y “Malversación de caudales públicos”.
Este martes 16 de mayo se dio marcha atrás con la resolución que se tomará en virtud de haber sido un error administrativo el despido de una trabajador “pasante” en la Municipalidad de Ushuaia.
16.05.2017 | | JUBILADOS PROVINCIALES
El miércoles 17 de mayo, en el SUM del viejo IPAUSS, a partir de las 12 horas, se realizará una reunión provincial de jubilados de Tierra del Fuego. Posibles malas liquidaciones de los haberes jubilatorios, hipotético traspaso de la Caja Previsional provincial al ANSES, son algunos de los temas que se abordarán.
16.05.2017 | | CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
La CTA Autónoma de Tierra del Fuego y el SUTEF, REPUDIAN la decisión de procesar a distintos referentes de los gremios que participaron de un plan de lucha para frenar el avasallamiento de derechos conquistados por los trabajadores de la provincia.
15.05.2017 | | CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
La Secretaria General de SOEM de Ushuaia, se refirió al procesamiento dictado el viernes por el Juez Federal Federico Calvete, y que se conoció a través de la agencia de noticias estatal TELAM.
15.05.2017 | | CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
Se consideró a los dirigentes sindicales como autores de los delitos de interrupción del transporte y de servicios básicos, desobediencia y resistencia a la autoridad y privación ilegítima de la libertad. Se les impuso embargos de $200 mil a cada uno.