Los trabajados beneficiarios del programa PEL de Tierra del Fuego, presentaron un petitorio al Gobierno y a la Legislatura, con el respaldo de 5.050 firmas, solicitando la estabilidad laboral. Estos trabajadores, más de 1.000 en toda la provincia, viven horas de angustia, ya que el Gobierno anunció que el mencionado programa será dado de baja definitivamente el 31 de diciembre del presente año.

El Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina, manifiesta su repudio al cierre del Expediente de Paritarias SUTEF/GOBIERNO, Ley provincial Nº 424, abierto desde el 2004.

Las penas solicitadas por la querella fueron de 8 años para Pedro Montoya, 6 años para Ivana García y 4 años para Lucy Alberca Campos y reparación económica. Por su parte la Fiscalía, solicitó la pena de 12 años para Pedro Montoya, 9 años para Ivana García y 5 años para Lucy Alberca Campos, el decomiso de un vehículo, el inmueble “Sheik” y el dinero incautado a los imputados y también una multa de $ 90. 000. El juicio pasó a un cuarto intermedio hasta el día 29 de noviembre.

Los candidatos de la Lista 8 9 Multicolor de la Unión de Gremios y Jubilados de Tierra del Fuego, firmaron su renuncia al cargo dejándola a disposición de los trabajadores. La decisión de los candidatos se da en el marco de las elecciones del próximo 30 de noviembre, donde se elegirán Directores para la Caja Previsional y la Caja Asistencial de Tierra del Fuego.

La Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma de Tierra del Fuego, se presentó en la Legislatura fueguina para hacer entrega de las planillas con las firmas de más de 2.000 personas que solicitan que el IPAUSS siga siendo la obra social de todos los pensionados RUPE.

El Presidente del IPAUSS en la reunión de la Comisión de Presupuesto en la Legislatura presentó un presupuesto deficitario en 550 millones, sin incluir en la cuenta la recuperación de deuda de los 5.000 millones que certificó el Tribunal de Cuentas. Deuda que según la Ley 676 derogada por el paquete de leyes era de más de 25.000 millones y se redujo a 5 mil millones debido a las leyes votadas el 8 y el 9 de enero.

Por cuestiones burocráticas, numerosos pensionados RUPE, en su mayoría de Río Grande, se encontraron con la desagradable noticia de que el beneficio les ha sido suspendido; es decir, no les pagaron la pensión, que en muchos casos es el único ingreso con que cuenta el grupo familiar.

“Esto recién empieza, este juicio es por mí y por todas las otras mujeres” dijo Alika Kinan luego de su declaración. Sigue fuerte y con su clara convicción de ir hasta el final. Declaró también otra de las víctimas.