Distintos delegados petroleros autoconvocados continúan recolectando firmas con el propósito de juntar el 15% del padrón y así poder exigir a la Intervención del gremio el llamado a la junta electoral. Ya obtuvieron 1.000 firmas de los afiliados que quieren elecciones.

Se trata de alrededor de 500 trabajadores de empresas contratistas que prestan servicios para YPF. Las negociaciones continuarán en torno al planteo del gremio de garantizar las fuentes laborales de unos 800 operarios, a raíz de la baja de equipos sufrida durante la etapa en que la renacionalizada operadora era administrada por Repsol.

Otro foco de extrema tensión se originó ayer por la mañana en el edificio central de la Municipalidad de Las Heras cuando un grupo de ocho desocupados se instalaron en los techos y dos de ellos treparon a la antena de la radio de FM que pertenece a la comuna. Las autoridades dispusieron la evacuación por razones de seguridad, sobre todo porque algunos exhibieron botellas que contendrían combustible.

Ese sindicato pidió que el Gobernador Martín Buzzi interceda ante incumplimientos de las operadoras que desarrollan su actividad en la cuenca. Entre dichos incumplimientos se encuentra la falta de pago a empresas de servicios.

Más de 2 mil estatales se movilizaron en la mañana del martes por el centro de la ciudad. La movilización llegó hasta Casa de Gobierno donde entregaron un petitorio. No hubo incidentes.

El Ministerio de Trabajo de Nación resolvió prorrogar el periodo de conciliación obligatoria en el conflicto entre la empresa Camuzzi y el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la Patagonia Sur.

Los judiciales, a través de su comisión directiva, determinaron persistir con las medidas de fuerza desde este jueves, y por tiempo indeterminado porque consideran que no fueron auspiciosos los encuentros con el Tribunal Superior de Justicia. También se manifestarán el 6 de junio.

Diversos grupos de manifestantes se apostaron ayer frente al edificio central del municipio local desde muy temprano. Primero fueron los llamados “1.840”, desocupados que pedían que se les completara la totalidad de la ayuda social. Luego, los trabajadores de diversas cooperativas que aún no percibieron los sueldos de abril y finalmente aparecieron los desocupados afiliados a la UOCRA.