¿Qué denunciamos?
Hemos verificado y denunciado que la Clínica San Jorge viola el convenio vigente y está implementando prácticas que atentan contra la salud de las familias trabajadoras:
Cupos arbitrarios: la clínica impone un límite arbitrario de solo siete (7) afiliadas y afiliados de OSEF por día para atención ambulatoria. No existe sustento contractual para estos cupos. El convenio vigente desde septiembre de 2025 obliga al prestador a brindar atención integral, la restricción de turnos es injustificada y malintencionada. Esto implica una discriminación por cobertura, ya que la Clínica selecciona a quién atender basándose en su Obra Social y no en criterios médicos, atendiendo sin límites a otras obras sociales o prepagas mientras restringe a OSEF.
La Clínica San Jorge utiliza su posición dominante en el sistema de salud para imponer condiciones unilaterales que no fueron pactadas contractualmente.

La salud es un derecho, no una mercancía
Es fundamental que cada afiliada y afiliado sepa que la Clínica no tiene facultades legales ni contractuales para recortar la atención. El convenio vigente desde el 1 de septiembre de 2025 los obliga a brindar cobertura integral. Además, el modelo de pago es por prestación: la clínica cobra por cada paciente que atiende, lo que hace que este límite de 7 turnos sea una medida de presión injustificada contra las trabajadoras y los trabajadores.

Exigimos acciones inmediatas
Como representantes directos de las trabajadoras y los trabajadores, hemos solicitado al Vicepresidente y a la Presidenta de la OSEF que actúen con la firmeza que el cargo les exige:
- Intimar a la Clínica San Jorge a que cese la discriminación y los cupos en un plazo de 48 horas.
- Sancionar formalmente estos incumplimientos graves que ponen en riesgo la vida y la salud.
- Transparentar la decisión política: que cada miembro del Directorio deje sentada su postura en actas, para que los trabajadores sepamos quién defiende nuestros derechos y quién elige mirar para otro lado.
Esta Vocalía no aceptará la pasividad como respuesta. Los representantes del Gobierno en el Directorio tienen la obligación legal de proteger a las afiliadas y afiliados de la obra social.
Si el Gobierno Provincial, a través de sus representantes en el Directorio, no frena este abuso, será el único responsable político de dejar desprotegidos a miles de trabajadores estatales. No hay lugar para medias tintas: o se defiende el derecho a la salud, o se es cómplice de su vulneración.

Adriana Soria. Vocal representante de las trabajadoras y trabajadores activos en OSEF

Prensa SUTEF Provincial 

Fuente: gremialesdelsur.com.ar