“El 2 de enero de 2026 asumimos la Vocalía Titular por los Pasivos en OSEF, junto a un equipo de trabajo que acompaña la gestión cotidiana de esta Vocalía, en un contexto que no necesita adornos: una crisis financiera, económica e institucional que ya se expresaba en lo más grave, en la vida cotidiana de la gente. Cortes y restricciones de servicios, demoras, incertidumbre y angustia. Y cuando una Obra Social falla, no falla un trámite: falla una protección básica”, indicó Horacio Gallegos y agregó, “eso implicó atender situaciones de vulnerabilidad y, al mismo tiempo, abordar problemas estructurales que empujaron a la institución a este punto, entre ellos, la relación con prestadores, el sistema de compras y, especialmente, una de las causas centrales del desfinanciamiento: las deudas que distintos organismos y entes mantienen con OSEF”.

El Vocal sostuvo que, “nosotros sabíamos de antemano la situación crítica de la Obra Social, por eso estamos gestionando los reclamos de cobros de deudas. Porque cuando a OSEF le faltan recursos que le corresponden por ley, la consecuencia es directa: se rompe la cadena de pagos, se deteriora el crédito institucional, los proveedores dejan de financiar, se exigen pagos anticipados, se dificultan insumos críticos y medicamentos, y el daño termina cayendo sobre los afiliados. Ese recorrido se traduce en algo que muchos viven con desesperación: interrupciones de cobertura y, en muchos casos, la necesidad de recurrir a amparos para conseguir lo que debería garantizarse de modo regular”.

“Por eso avanzamos de manera formal y documentada dentro de la institución. El 9 de febrero de 2026 presentamos la Nota Electrónica OSEF N° 768/2026, solicitando gestionar con carácter urgente y ad referéndum del Directorio el reclamo de cobro total de deudas, incluyendo las que se atribuyen al Gobierno Provincial y a los planes RUPE por aportes y contribuciones, y extendiendo el reclamo a otros entes deudores, como el Concejo Deliberante de Tolhuin y la Dirección Provincial de Vialidad, además de cualquier institución que adeude y no haya formalizado un plan de pagos, por ejemplo la Municipalidad de Río Grande, que hasta ahora no ha mostrado interés en regularizar su situación con la OSEF. Ese mismo día reforzamos el planteo por correo electrónico, dejando constancia y poniendo en conocimiento a las máximas autoridades del Directorio. No fue por formalismo: fue porque la urgencia era real y porque había que cortar el círculo de desfinanciamiento que se estaba traduciendo en crisis sanitaria”, detalló Gallegos y añadió, “el 10 de febrero de 2026, la Presidencia respondió afirmando que se habían realizado oportunamente presentaciones y reclamos administrativos, con actuaciones registradas y documentadas, e instruyó a la Dirección de Fiscalización a actualizar de manera integral el estado de deudas y reiterar intimaciones conforme la normativa vigente. Esa respuesta confirmó un punto clave: si ya existían reclamos, el problema no era sólo iniciar trámites, sino lograr resultados efectivos. Y cuando la administración reclama una y otra vez y el dinero no entra, seguir repitiendo lo mismo no es prudencia: es ineficacia. Por eso, el 18 de febrero de 2026 elevamos un nuevo planteo al Directorio obrante en el adjunto 1 de la Nota Electrónica OSEF N° 890/2026, sosteniendo una idea simple y contundente: si la vía administrativa ordinaria no logra el cobro, hay que escalar con acciones legales. Pedimos intimaciones formales y fehacientes con plazo perentorio, bajo apercibimiento de accionar judicialmente, y que, vencido el plazo, se inicien sin demoras las acciones legales pertinentes, incluso por la vía ejecutiva cuando corresponda, utilizando instrumentos habilitantes como certificaciones, cierres de cuenta y títulos ejecutivos. También planteamos que esto no podía ser una medida aislada: debía transformarse en un modo de gestión permanente, con plazos, responsables y trazabilidad, para que OSEF no vuelva a quedar atrapada en una repetición indefinida de reclamos administrativos sin efecto”.

Horacio Gallegos destacó que, “en ese mismo trabajo dejamos asentada una verdad que muchas veces se invisibiliza: cuando falla la cobertura, el afiliado vulnerable queda doblemente expuesto. Quien no puede pagar un medicamento por fuera del sistema, por regla general tampoco puede sostener costos asociados a trámites o patrocinio privado. La crisis no golpea igual a todos. Por eso, mientras exigíamos el cobro de deudas, también propusimos medidas de contingencia para no descargar la crisis sobre la gente, como mecanismos ágiles de reintegro en situaciones críticas, porque en salud el tiempo es vida: una medicación crónica, un estudio impostergable, o una internación no esperan el ritmo burocrático. En ese marco, presentamos un proyecto de Resolución de Directorio para que pueda tratarlo formalmente y transformarlo en decisión operativa. Ese proyecto establece un procedimiento completo: intimación fehaciente y, antes de judicializar, un régimen de regularización en cuotas de hasta 12 meses para deudas devengadas y exigibles hasta la fecha, con intereses conforme la normativa aplicable, dejando claro que las deudas futuras deben cancelarse en una sola cuota y que el plan es sólo para quienes regularicen antes de llegar a tribunales. Y si no cumplen, acciones judiciales inmediatas. Además, incorpora la necesidad de pedir intervención de la Legislatura para discutir herramientas normativas que garanticen flujo directo, regular y oportuno de fondos hacia OSEF, porque si el problema es estructural, también requiere soluciones estructurales. En este camino, el Dictamen de Fiscalía de Estado N° 03/26 fue importante porque dio al cuadro un reconocimiento institucional externo de enorme peso: describió la gravedad de la situación, la afectación prestacional, el quiebre de la cadena de pagos, el deterioro del vínculo con proveedores, el aumento de costos por operatorias excepcionales y la judicialización creciente. En ese sentido, el dictamen confirmó la gravedad de lo que ya veníamos señalando desde la campaña y trabajando desde que asumimos y nos permitió reforzar, con la relevancia que merece, algo que advertimos desde el inicio: la ruptura de la cadena de pagos de distintos organismos y su impacto directo sobre los afiliados”.

“Y porque esto no se resuelve sólo con papeles, también impulsamos el diálogo político que corresponde. Estamos esperando una audiencia con el Gobernador, solicitada formalmente mediante Nota N° 126/2026, porque el financiamiento de OSEF no puede tratarse como un tema menor ni postergable. Defender a OSEF es defender un derecho concreto: el derecho a la salud. Y en una provincia como la nuestra, donde la distancia, el costo de vida, y la complejidad sanitaria hacen todo más difícil, una Obra Social que se desfinancia no es un problema interno: es una emergencia social. Cobrar las deudas no es una discusión técnica para especialistas: es una condición para que vuelva la normalidad, para que los prestadores confíen, para que los medicamentos estén, para que las prestaciones no se corten y para que nadie tenga que mendigar por lo que le corresponde. A la crisis no se le responde con excusas: se le responde con decisiones, con acciones y con responsabilidad pública. Desde este equipo estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, con firmeza, sensibilidad y humanidad, porque OSEF debe cumplir su misión institucional de garantizar servicios y cobertura con la calidad y en los tiempos que merecen sus afiliados. Por eso, desde nuestro sector exigimos a los organismos deudores que regularicen y paguen sus obligaciones: su incumplimiento es una de las principales causas que agravan el desfinanciamiento y se traduce en las faltas de servicios que padecen nuestros afiliados”, subrayó Horacio Gallegos.

A continuación se expone el detalle de deudas de todos los entes deudores:

Gentiliza Licenciado Diego Gabriel Encinas

Fuente: gremialesdelsur.com.ar