El Gobierno nacional, en su rol de empleador, selló el 26 de mayo pasado un acuerdo salarial con los gremios de UPCN y ATE. Se pactó un aumento de 35 por ciento en seis cuotas (la primera ya se efectivizó) y en noviembre próximo se podría ejecutar una cláusula de revisión por la inflación. Hoy, a un mes, el Gobierno abrió una nueva negociación con los dos gremios estatales para revisar la paritaria y sumar un 10% adicional.

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) convocó a un paro nacional de actividades de cuatro horas por turno para los días 1 y 2 de julio próximo ante el fracaso de las negociaciones paritarias, confirmaron desde la entidad sindical.

En el marco del Decreto N° 34/19, donde se declaró la emergencia pública en materia ocupacional, el próximo lunes 28 de junio, se publicará el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el Boletín Oficial que prorroga las prohibiciones de despidos y suspensiones hasta el 31 de diciembre de 2021.

Según datos del INDEC, el índice de desempleo en el país fue de 10,2% en el primer trimestre del año. La tasa de desocupación fue superior en mujeres (12,3%) que en varones (8,5%) y afectó más a las y los jóvenes (24,9% y 17%, respectivamente).

La norma fue aprobada con 55 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones. Establece que el Estado deberá contratar al menos un 1% de personas travestis, transexuales y transgénero.

Luego que el Presidente convalidara la pauta salarial del 45%, el Gobierno tiene decidido adelantar la revisión de la paritaria de la Administración Pública Nacional que había acordado en mayo una suba del 35% con los gremios estatales y ha quedado atrasada por las proyecciones inflacionarias para este año.

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), el gremio que conduce José Voytenco, denunció penalmente al flamante Superintendente de Salud, Daniel López. La presentación acusó al funcionario por “no acatar el fallo que ordena reconocer a la nueva conducción de la Obra Social de los peones rurales”, y “darle trámite exprés a las peticiones del Diputado nacional Pablo Ansaloni”.

La Asociación de Abogados Laboralistas advirtió que, “el proyecto favorece el despido y profundiza el desequilibrio existente en favor del empleador”. Los empresarios buscan reemplazar las indemnizaciones laborales por un seguro de desempleo.