Desde la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma hacemos pública nuestra profunda preocupación frente a la actitud de un grupo de compañeras y compañeros encabezados por el Secretario Adjunto, Ricardo Peidro, que ha resuelto abandonar la sede legal de la CTA-A, sita en la calle Lima 609 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e instalarse en otro espacio físico poniendo así en riesgo todo el capital histórico y simbólico de nuestra Central.

La Cámara del Trabajo ordenó suspender la decisión que había tomado el Ministerio de Trabajo de Nación con respecto al sindicato de personal de seguridad privada UPSRA. El dirigente desplazado espera retomar funciones.

El Consejo Directivo Nacional de la Unión Docentes Argentinos se manifestó en referencia a las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de la Nación mediante las cuales se modificaron trece postítulos que forman parte del Programa Nuestra Escuela. 

Ante el desmantelamiento de programas, y el inminente despido de cerca de 3.000 trabajadores, resolvieron en asamblea permanecer en el edificio a la espera de una respuesta. El Ministro Esteban Bullrich, en tanto, está de vacaciones. 

Un sector disidente de la CTA Autónoma conducida por Pablo Micheli inauguró una nueva sede donde se confirmó la ruptura con la conducción nacional. La Central, hoy denominada “CTA Perón”, se encuentra en la calle homónima y está dirigida principalmente por el Secretario Adjunto, Ricardo Peidro.

El Gobierno nacional intervino mediante la fuerza pública el sindicato de vigiladores privados. En un procedimiento ordenado por el Juez Federal Claudio Bonadio, quedó desplazado el jefe del gremio, Ángel García, junto con los directivos de la conducción nacional. Se trata del desenlace de una disputa histórica entre dos líneas internas del gremio, la encabezada por García -ladero histórico de Luis Barrionuevo- y la de un ex aliado y ahora rival, Leónidas Riquelme. 

El Secretario de Políticas Educativas de la CGT y Secretario General de la Unión  Docentes Argentinos, Sergio Romero, se reunió con el Arzobispo de Santa Fe y titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor José María Arancedo, para dialogar sobre cuestiones sociales, del mundo del trabajo y la educación en vísperas de un nuevo año.

“El impuesto al salario es confiscatorio, ilegítimo y anticonstitucional. La Constitución Nacional, los Tratados Internacionales sobre la materia y la Ley de Contrato de Trabajo consideran que el trabajo en relación de dependencia y la remuneración del trabajador deben ser protegidos”, señala la CTA Autónoma en un comunicado de prensa.