La decisión fue confirmada por Federico Villone, Secretario General de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), quien explicó que el sector había suspendido las protestas después de la última recomposición salarial de agosto, aunque los ingresos continuaron por debajo de la inflación.

Al explicar la situación, el sindicalista recordó que los judiciales vienen desarrollando un plan de lucha desde febrero con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo perdido. En ese período llegaron a realizar un paro por tiempo indeterminado y posteriormente comenzaron a obtener recomposiciones mensuales que permitieron reducir parcialmente la diferencia con la inflación.

La última actualización, correspondiente a agosto, dejó a los trabajadores entre 3,5 y 4,5 puntos por debajo de la inflación, dependiendo de la categoría. Frente al desgaste generado por varios meses de conflicto, el gremio decidió entonces suspender las medidas a la espera de una respuesta para septiembre.

“Decidimos cortar con las medidas hasta tanto a mitad de mes tuviéramos alguna respuesta salarial para el mes de septiembre, y sin tomar en cuenta obviamente la pérdida histórica, pero todavía no estamos cerca de completarla”, explicó Villone.

Sin avances suficientes en la negociación, la organización resolvió volver al plan de lucha. “Como no tenemos respuestas, como todavía no hay avances interesantes en la negociación de septiembre, dispusimos la vuelta a las medidas de fuerza”, confirmó.

Asambleas, ruidazo y paro de 36 horas

El cronograma comenzó el martes 15 a las 12 hroas con asambleas informativas simultáneas en los edificios del Poder Judicial.

El miércoles 16, entre las 10 y las 12, se realizará un ruidazo y banderazo en los principales edificios judiciales de Ushuaia y Río Grande, acompañado por una retención de tareas durante esas dos horas.

La medida más fuerte comenzará el jueves a las 12, cuando los trabajadores iniciarán un paro de 36 horas que se extenderá durante toda la jornada del viernes.

Situación presupuestaria

Villone explicó que uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo salarial es la situación presupuestaria del Poder Judicial. “Hace tres años que el Poder Judicial tiene el presupuesto reconducido, con lo cual es muy difícil disponer una recomposición salarial sin la anuencia del Ministerio de Economía”, señaló.

“Hay avances en conversaciones nuestras con el Superior Tribunal de Justicia, lo que no hay tantos avances entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo”, resumió.

“9 de cada 10 compañeros están endeudados”

Más allá de la discusión salarial de septiembre, Villone puso el foco en una situación que, según aseguró, atraviesa a gran parte de los trabajadores judiciales. Una encuesta realizada por el gremio, respondida por más de 400 empleados, reveló altos niveles de endeudamiento y dificultades para afrontar gastos cotidianos.

“9 de cada 10 compañeros están endeudados, 8 de cada 10 tienen que sacar préstamos para cubrir cuestiones básicas”, afirmó.

El dirigente sostuvo que el problema salarial debe analizarse además en un contexto de mayor demanda sobre el sistema judicial, con un crecimiento de los conflictos que llegan a los tribunales

Fuente: laislafmtdf.com.ar